MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Varias asociaciones pidieron la intervención del Consejo de Estado alegando que no se estaban cumpliendo las directrices europeas de 2017 para controlar el dióxido de nitrógeno y las partículas finas en suspensión en más de una decena de zonas de Francia.
En agosto de 2021, el Consejo emitió contra el Estado una primera multa de 10 millones de euros, correspondiente a los incumplimientos relativos a la primera mitad de 2021. Este lunes, ha confirmado violaciones en los dos periodos posteriores, lo que ha supuesto elevar el castigo hasta los 30 millones, y ha adelantado que volverá a pronunciarse en 2023 sobre los dos semestres siguientes.
"Las últimas cifras muestran que la situación ha mejorado en términos globales, pero sigue siendo frágil o mala en cuatro zonas", esgrime el Consejo de Estado, que apunta en concreto a Toulouse, París, Lyon y Marsella.
No obstante, confía en que algunas medidas adoptadas por el Gobierno, por ejemplo para fomentar el transporte público o no contaminante y la prohibición de las calderas de gasóleo y carbón, puedan favorecer la protección del medio ambiente. También prevé una "caída significativa" en la concentración de gases tóxicos en las ciudades donde ya se limitan la circulación de vehículos en determinadas zonas de bajas emisiones.