BOGOTÁ (AP) — El área sembrada con hoja de coca en Colombia en 2023 alcanzó las 253.000 hectáreas, un 10% más que el año anterior en el que había 230.000 hectáreas, informó el viernes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su reporte anual.
Candice Welsch, representante regional de la UNODC para la región Andina y Cono Sur, señaló en la presentación del reporte en Bogotá que, si bien hubo un incremento en el área sembrada, es menor comparado con el del año anterior, en el que se reportó un aumento del 13%.
La cifra revelada por UNODC es más alta que la referida a principio de año por el gobierno colombiano, en un registro independiente hecho por la policía, según el cual los cultivos ilícitos cerraron en 2023 con 246.000 hectáreas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en llegar al poder en 2022, transformó la política antinarcóticos y se alejó del enfoque prohibicionista para optar por una que no persigue a los pequeños cultivadores de hoja de coca, disminuye la erradicación de plantas forzosa y aumenta la presión a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, al priorizar incautaciones y perseguir el lavado de activos.
La UNODC identificó territorios donde se está desconcentrando el cultivo de la coca y otros donde se está concentrando. En donde hay tendencia a la reducción, las comunidades están enfrentando dificultades para la comercialización de los productos derivados de la hoja, pasta y base de cocaína, y los actores ilegales parecen tener menos interés en la cocaína que se puede producir en estos territorios, explicó Welsch.
“Las personas vienen buscando alternativas productivas y es el momento de ayudarles... llevando el Estado a su servicio en este territorio”, agregó la representante de la UNODC.
Donde el mercado va en declive, se ha almacenado la cocaína y, según el informe, ésta se habría usado como un elemento de intercambio comercial en algunas regiones.
Sin embargo, en las zonas donde hay mayor concentración de cultivos —en las que se encuentra el 80% de la coca de todo el país—, también está aumentando la productividad de los mismos, lo que conlleva que existan mayores incentivos para los cultivadores de la hoja de coca.
Welsch señaló ese como un factor que explica el aumento de un 53% en la producción potencial de cocaína: “La coca sigue concentrada en las zonas donde la productividad es mayor en sus tres fases: cultivo, extracción y transformación, haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta dos veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años”.
En las zonas de concentración, se mantiene la incidencia del crimen organizado que funciona desde el nivel local hasta el transnacional.
“Hay unas bandas locales que se encargan de negociar y que tienen relaciones con los grupos armados nacionales sin pertenecer a ellos... Y, a su vez, esos grupos armados nacionales tienen una serie de acuerdos con las estructuras criminales trasnacionales sin necesidad de pertenecer a ellos”, señaló Leonardo Correa, coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.
Colombia lidia con múltiples grupos armados que ocuparon el vacío territorial que dejó desde 2016 la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando firmó un histórico acuerdo de paz con el Estado.
El gobierno de Petro sostiene diálogos de paz con algunos grupos armados y ha insistido en que deben abandonar las economías ilícitas.
Durante la presentación del reporte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reconoció que el cultivo de coca sigue siendo un desafío en Colombia y reafirmó la pertinencia de la nueva política de drogas, porque aseguró que anteriores esfuerzos no han eliminado el problema.
En el país, ha perdido protagonismo la erradicación forzosa de las plantas de coca.
Este año, el gobierno fijó la meta de cultivos a eliminar en 10.000 hectáreas, una disminución del 50% con respecto al año anterior, pues la política gubernamental ha optado por no hacerla de forma forzada. Afecta directamente a los pequeños cultivadores, a quienes consideran el eslabón más débil, y además supone un riesgo para los militares que lo hacen.
Sin embargo, la ministra anunció que van a volver a erradicar de manera controlada con aspersión terrestre, pero con un producto que “garantizaría” que no se afecte la salud de la población ni se genere "daño ambiental como lo producía el glifosato”, un herbicida químico cuyo uso por vía aérea fue suspendido hace una década.