MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
"Extenderemos el estado de emergencia para el orden interno en el Cercado de Lima, en apoyo a los vecinos y emprendedores que han invertido en pequeños negocios y para dar seguridad a los miles de turistas que visitan nuestro centro histórico", ha declarado en el II Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde ha ratificado la decisión del Gobierno de trabajar con las autoridades regionales y locales en esta materia.
Boluarte ha asegurado que la Policía de Perú está evaluando la situación de las ciudades del interior del país para adoptar nuevas decisiones en el Consejo de Ministros, ha anunciado que invertirá más de 15 millones de soles peruanos (3,75 millones de euros) en la compra de 10.000 cámaras para Lima Metropolitana (Lima y Callao) y que potenciará el centro de inteligencia policial.
"Tenemos un solo propósito: acabar con la delincuencia. En ese camino estamos, no vamos a agachar la cabeza, no vamos a doblegar nuestros esfuerzos, estamos firmes para poder derrotar al crimen organizado y a la delincuencia", ha manifestado.
La declaratoria del estado de emergencia es un régimen que se aplica cuando existe "perturbación de la paz y del orden interno", según recoge la Constitución de Perú", otorgando al Estado competencias para afrontar una "catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación", por lo que se restringen derechos como la libertad de reunión o tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
A finales de agosto, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció un paquete de medidas en materia de seguridad ciudadana para luchar contra la criminalidad, inspirado en estrategias de países vecinos como el cuestionado sistema del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. No obstante, el jefe de Gobierno andino remarcó entonces que el 'plan Boluarte' consiste en "hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos" en un plan preparado "con la Constitución en la mano" por parte de especialistas que respetan los Derechos Humanos.
Las autoridades de El Salvador aprobaron en marzo del año pasado una draconiana declaración del estado de emergencia, que ha sido aprobada en sucesivas ocasiones y que ha desembocado en una lucha contra las pandillas que ha despertado críticas a nivel internacional por supuestas violaciones de Derechos Humanos.