SAN JOSÉ (AP) — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presentó el miércoles una serie de medidas con las que pretende frenar la ola de homicidios e inseguridad que aqueja al país desde el año pasado. La estrategia del gobierno pasa por un refuerzo policial en las calles y endurecer las leyes penales sobre extradición o acceso a beneficios penitenciarios de los condenados.
En 2022, Costa Rica tuvo el año con mayor cantidad de homicidios registrados en su historia con 657 muertes violentas. En lo que va de este año, las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial registran 230 asesinatos, lo que da un promedio de 2,1 crímenes diarios.
El aumento de la violencia en un país conocido por su imagen relajada y “pura vida”, y por no tener un ejército, ha causado molestia en la opinión pública, y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves trata de dar respuestas.
Según el ministerio de Interior, el 80 % de las muertes violentas del año pasado se relacionan con el narcotráfico y se trata de ajustes de cuentas. Costa Rica solía ser únicamente territorio de tránsito de la cocaína enviada al norte por cárteles colombianos y mexicanos, pero las autoridades afirman que ahora es punto de almacenamiento y transbordo de las drogas que grupos delictivos costarricenses envían a Europa.
El mandatario reemplazó la habitual conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno por un acto especial en la Plaza de la Democracia en San José, justo frente al edificio de la Asamblea Legislativa, en el que anunció sus medidas.
Entregó a los diputados seis proyectos de reformas legislativas que incluyen la posibilidad de extraditar a costarricenses a los países donde cometan delitos por trafico internacional de drogas y terrorismo sin necesidad de convenio entre los estados o la de reducir el acceso a beneficios carcelarios una vez que se está ejecutando la pena.
Chaves reprochó que solo uno de cada 22 capturados por la policía en Costa Rica y acusados de delito terminan en la cárcel pese a ser atrapados en flagrancia, por lo que se requieren cambios que garanticen que quienes cometen crímenes violentos terminen en la cárcel y no sigan en las calles.
Otro de los proyectos pretende “cerrar portillos”, o sea, limitar la compra de armas y municiones ilegales con un mayor control sobre las legales, así como modernizar los sistemas de intervención telefónica para una mejor vigilancia sobre las organizaciones criminales.
Entra las propuestas gubernamentales, también hay un cambio en la ley para que se pueda juzgar a personas menores de edad como si fueran mayores en el caso de delitos como el sicariato (asesinato por encargo), pues en muchos casos las organizaciones criminales usan a menores de 18 años para provocar estas muertes, ya que las penas para los ejecutantes son menores.
“Yo quiero que la gente pueda andar tranquila en la calle, que los chiquitos vayan al parque de forma segura, que los jóvenes vayan a los centros de estudio sin el miedo de que en cualquier momento puedan quedar en medio de una balacera”, comentó Chaves.
En cuanto a acciones ejecutivas, el presidente anunció que habrá un cambio en el rol de trabajo de los 12.000 agentes que integran la Fuerza Pública para que pueda haber hasta 9.500 efectivos policiales al mismo tiempo en las calles, trabajando seis días consecutivos, para luego tener cuatro días de descanso.
Para ello, se abrirán también según el planteamiento presidencial 700 nuevas plazas de oficiales, con los que se pretende iniciar la recuperación de los 1000 efectivos que fueron retirados durante el gobierno anterior.
Otra de las medidas es activación de un préstamo de cinco millones de dólares para la construcción de un Centro de Mando y Control y otro de 1,2 millones de dólares del Instituto Costarricense sobre Drogas para la compra de patrullas policiales.