BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda etapa en un proceso de infracción, y da un plazo de dos meses al Estado miembro para que aborde el problema señalado por el Ejecutivo comunitario. A falta de respuesta satisfactoria por parte de España, los servicios comunitarios podrán dar el tercer y último paso del expediente sancionador que supone denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Directiva en cuestión establece el marco jurídico para el desarrollo de las energías renovables en la electricidad, la calefacción, la refrigeración y el transporte en la Unión y fija un objetivo vinculante para la UE de al menos el 32 % de energía renovable para 2030.
También incluye medidas para garantizar que el apoyo a las energías renovables sea rentable y para simplificar los procedimientos administrativos relativos a los proyectos de energías renovables, además de prever disposiciones para facilitar la participación ciudadana en la transición energética y fija objetivos específicos para aumentar la cuota de energías renovables en los sectores de la calefacción y la refrigeración y del transporte de aquí a 2030.
Según recuerda Bruselas en un comunicado, el caso se remonta a julio de 2021 cuando remitió a España una carta de emplazamiento informando del inicio del proceso de infracción porque sólo había transpuesto "parcialmente" la norma común.
"España dispone ahora de dos meses para cumplir la obligación de transposición y notificarlo a la Comisión que, de lo contrario, podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", añade el comunicado.