MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
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El dato lo ha ofrecido el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que Vox demandó información sobre "el número de inmigrantes ilegales que no han sido expulsados" por acogerse a dicho artículo de la Ley 4/2000.
En concreto, esta ley contempla la posibilidad de que el extranjero que se encuentre irregularmente en España quede exento de responsabilidad administrativa y no sea expulsado si denuncia, como víctima o testigo, a los autores o cooperadores de delitos como tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución abusando de su situación de necesidad.
El Gobierno explica que las 211 "autorizaciones definitivas de residencia y trabajo" se han otorgado entre 2020 y el 22 de enero del presente año, 2025, teniendo en cuentas estas "circunstancias excepcionales".
NO EXISTE LA FIGURA DE PERSONA ILEGAL
El partido que lidera Santiago Abascal también se interesó por el número de expulsiones ejecutadas desde 2019. El Gobierno informa que fueron 4.677 las órdenes tramitadas ese año, una cifra que cayó a los 2.000 casos en 2000 y 2021 --años de mayor afectación de la pandemia de coronavirus--, para repuntar hasta marcar 3.031 expulsiones en 2024.
No obstante, el Gobierno precisa a Vox que son personas que se encuentran en situación administrativa irregular y que en el ordenamiento legal español "no existe la figura de persona ilegal".
"Dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional, las personas beneficiarias del mismo son solicitantes o beneficiarias de protección internacional", precisan en esta otra respuesta por escrito fechada el 21 de febrero.
En concreto, el Gobierno se remite al Programa de Atención Humanitaria que tiene como objetivo atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país por vía terrestre a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Esta atención se canaliza mediante centros públicos directamente gestionados por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o bien con recursos gestionados a través de la acción concertada con entidades del tercer sector debidamente autorizadas, según precisa el Ejecutivo.
