BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia concluyó el miércoles que no existe evidencia de un supuesto hangar con 20.000 cadáveres sin identificar en el aeropuerto de Bogotá, como lo advirtió en diciembre el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
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“No se vislumbró la presencia de material orgánico o evidencia física a partir de la cual se pueda inferir el almacenamiento de cuerpos o restos en los hangares del aeropuerto”, concluyó en un auto judicial el tribunal denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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La JEP fue creada tras la firma de un acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alcanzado en 2016. Su función es investigar y juzgar los crímenes cometidos durante cinco décadas de conflicto armado.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP inspeccionó 47 hangares del aeropuerto, con excepción de los pertenecientes al gobierno de Estados Unidos, y concluyó que están siendo utilizados para actividades propias de sus labores aéreas. La Procuraduría General también realizó una inspección en diciembre sin hallar restos óseos.
Al no encontrar evidencia de la existencia de hangares con cadáveres sin identificar, la JEP archivó la investigación y no emitió una orden de medida cautelar, como sí lo ha hecho en algunos cementerios del país, donde se presume que hay víctimas de desaparición.
La información de un supuesto hangar con cuerpos no identificados fue comunicada a los expertos independientes de la ONU al término de una visita a Colombia en diciembre, cuyo objetivo era verificar el trabajo del país en la búsqueda de sus miles de desaparecidos.
El Comité indicó que no visitó el supuesto hangar, sino que la información se la proporcionó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, dicha entidad gubernamental negó públicamente tener conocimiento de la existencia de cadáveres en hangares.
Tras la denuncia, el gobierno colombiano presentó una nota de protesta ante el Comité contra la Desaparición Forzada por considerar que dio una declaración “carente de sustento” que generó confusión y controversia en Colombia, “afectando la confianza en el informe presentado”.
En un comunicado emitido posteriormente, el Comité contra la Desaparición Forzada indicó que consideró en su momento que la información era “creíble” por provenir de fuentes oficiales, por lo que la incluyó en sus conclusiones preliminares, las cuales fueron presentadas previamente ante autoridades estatales sin que éstas emitieran comentarios negativos.
El Comité elogió la rápida acción de las autoridades colombianas para verificar la denuncia, tomó nota e indicó que las conclusiones y recomendaciones finales se publicarán en un informe en abril de 2025.
