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Tribunal europeo acusa a Italia por mal manejo de desechos tóxicos en Nápoles

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Vista exterior de la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia, el 22 de marzo de 2011. (AP Foto/Christian Lutz, Archivo) AP (Christian Lutz/AP)

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ROMA (AP) — El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el jueves que Italia violó el derecho a la vida de los italianos que viven en una zona contaminada por residuos tóxicos alrededor de Nápoles y ordenó al gobierno desarrollar una estrategia para abordar y monitorear la contaminación y los problemas de salud resultantes.

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El fallo vinculante del tribunal con sede en Estrasburgo confirmó que se habían registrado tasas aumentadas de cáncer y contaminación del agua subterránea en un área de 90 municipios conocida como Tierra dei Fuoci, o Tierra de Fuegos, donde viven unas 2,9 millones de personas.

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El tribunal encontró que las autoridades italianas sabían del problema de la contaminación, atribuido a clanes de la mafia italiana Camorra que controlan la eliminación de residuos, desde 1988 pero no lo abordaron y no hicieron lo necesario para proteger la vida de los residentes.

Los habitantes llevan tiempo denunciando los efectos adversos para la salud debido al vertido, que envenenó pozos subterráneos utilizados para irrigar las tierras agrícolas donde se cultivan verduras para gran parte del centro y sur de Italia. Durante años, la policía ha decomisado decenas de campos porque sus pozos de riego contenían altos niveles de plomo, arsénico y el solvente industrial tetracloruro.

Las autoridades dicen que la contaminación se debe al negocio multimillonario de la Camorra de deshacerse de residuos tóxicos, principalmente de industrias en el norte rico de Italia que no hacen preguntas sobre dónde va la basura siempre que se deshagan de ella, por una fracción del costo de la eliminación legal. Delatores del grupo mafioso han revelado cómo funciona el negocio, dirigiendo a la policía a sitios específicos donde se arrojaba la basura tóxica.

Cuarenta y una personas que viven en las provincias de Caserta o Nápoles y cinco organizaciones locales llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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