BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el viernes el “estado de conmoción” en el noreste del país, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos con la que busca atender una reciente escalada de violencia en una zona fronteriza con Venezuela que ha dejado en los últimos días al menos 80 muertos y 36.000 desplazados.
PUBLICIDAD
La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.
PUBLICIDAD
Según el gobierno, el estado de conmoción interior busca hacer frente a la violencia desatada en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.
Desde Tibú, uno de los municipios de Catatumbo, el líder social Jaime Botero celebró la declaratoria de conmoción interior al considerarla necesaria. “El pueblo está contento... los que están criticando no están pasando las calamidades y las necesidades que tenemos nosotros”, señaló a The Associated Press Botero, en una entrevista por video en la que vestía un chaleco antibalas por seguridad.
Según la Defensora del Pueblo el desplazamiento masivo que se ha registrado en el Catatumbo en la última semana puede ser el más grande en un sólo evento en el país desde 1997.
Ante la violencia, de la que el gobierno responsabiliza principalmente al ELN, el presidente suspendió la mesa de negociación que mantenía activa desde noviembre de 2022 con esa guerrilla la semana pasada.
La ley colombiana establece que en estado de conmoción, el gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley —sin que pasen primero por el Congreso— y temporalmente imponer contribuciones fiscales, modificar el presupuesto gubernamental y restringir algunos derechos.
Los decretos que se emitan en la conmoción interior tienen control posterior y automático por parte de la Corte Constitucional, que en caso de no encontrarlos ajustados a la ley puede dejarlos sin efecto. El Congreso también revisará posteriormente lo expedido por el gobierno.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la declaratoria buscan atender a las comunidades afectadas por la violencia, especialmente a los desplazados; hacer inversiones sociales en una región con poca presencia estatal y fortalecer las capacidades militares, lo que incluye interceptar comunicaciones e intensificar el control de la producción y comercialización de la coca.
Botero, quien como líder es el presidente de Asojuntas de Tibú, aseguró que es urgente que el Estado recupere el control del Catatumbo y lleve a cabo mejoras en infraestructura, salud y educación, porque a su juicio es esa ausencia la que ha dado poder a los armados en la zona.
“¿Por qué están ellos (los armados) aquí en el territorio? Por la falta de inversión del gobierno pasado, que nos dejaron abandonados. Vinieron estas personas y empezaron a cumplir con unas necesidades, aquí los grupos hacen carreteras, puentes, escuelas, arreglan vías, donan ambulancias, hacen centros de emergencia. Eso tenía que hacerlo el gobierno”, explicó Botero.
Sin embargo, para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades del Catatumbo, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, no cree que sean necesarios los decretos con fuerza de ley expedidos en el estado de conmoción.
“Para eso no se necesitan leyes específicas, se necesita voluntad de poder gestionar capacidad del Estado en el territorio”, dijo Goebertus a la AP, quien considera que con la actual situación del Catatumbo el gobierno debería replantear su política de paz y también de seguridad para hacer mejoras.
Desde el lunes, cuando Petro anunció que decretaría la conmoción interior, sectores opositores al gobierno han criticado su decisión advirtiendo que se usaría como una “excusa” para decretar leyes que no ha logrado que sean aprobadas por el Congreso de manera ordinaria.
Petro rechazó de inmediato las advertencias desde su cuenta de X, antes Twitter: “Quienes desde la oposición creen que la conmoción interior sólo es para reelegirme o cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley de financiamiento y no es cierto”. En cambio, aseguró que con el decreto se financiarán mejoras para el Catatumbo y se defenderá la “soberanía nacional”.
Goebertus considera que la Constitución colombiana blinda lo suficiente los derechos fundamentales de los ciudadanos para evitar que sean vulnerados con las revisiones de la Corte. Además, asegura que las interceptaciones telefónicas requieren orden judicial previa y el despliegue de operativos militares “en ningún escenario restringir lo que son las reglas de uso de la fuerza esenciales”.
La violencia en Catatumbo se desató por un intento de tomar control sobre el territorio estratégico por su cercanía a la frontera y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.
La facilidad para cruzar la frontera de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela ha servido a los armados para escabullirse de las autoridades colombianas en sus decenas de pasos informales.
La víspera, el presidente colombiano aseguró que ha contactado con el gobierno venezolano para establecer un plan conjunto que permita la “erradicación de bandas armadas en la frontera”, especialmente para bloquear los pasos ilegales.
Con los diálogos de paz con el ELN suspendidos, la fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los mandos del ELN y buscará activar las solicitudes de extradición contra los miembros del ELN una vez determinen su paradero, incluso si éste fuera Cuba, uno de los países garantes del proceso de paz y donde se han desarrollado rondas de negociación, advirtió el jueves la entidad.
Sin embargo, Cuba rechazó que miembros del ELN se encuentren en su territorio. “La mención a Cuba como uno de los países donde estos pudieran estar es una insinuación sin evidencias, porque no las hay”, señaló el viernes en X Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Martínez explicó que todos los miembros del ELN que participaban en las negociaciones de paz se marcharon de Cuba hace meses. Se trata de un tema delicado para Cuba debido a que en el pasado el gobierno estadounidense justificó su designación como Estado patrocinador del terrorismo a su negativa a extraditar a rebeldes colombianos del ELN a su país.
El presidente Donald Trump revocó el lunes una orden ejecutiva emitida por su antecesor Joe Biden que había levantado la designación de Estado patrocinador del terrorismo.
