ISLAMABAD (AP) — La cámara baja del Parlamento de Pakistán aprobó el jueves un polémico proyecto de ley que otorgará al gobierno amplios controles sobre las redes sociales que incluyen la posibilidad de enviar a prisión a los usuarios por difundir desinformación.
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El proyecto de ley fue aprobado rápidamente después de que los legisladores del partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del encarcelado ex primer ministro Imran Khan abandonaran la sesión para denunciar la ley.
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Los críticos afirman que el gobierno busca suprimir aún más la libertad de expresión.
Farhatullah Babar, un destacado activista de derechos humanos, dijo que los recientes cambios en la ley de ciberdelitos tienen como objetivo “asfixiar aún más la libertad de expresión mediante la creación de múltiples autoridades bajo control ejecutivo, ampliando el alcance de agencias de inteligencia que no están obligadas a rendir cuentas”. Afirmó que la ley también “otorga amplios poderes al Ejecutivo no solo sobre el contenido del mensaje, sino también sobre los mensajeros, es decir, las redes sociales”.
Según la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, presentada el miércoles ante la Asamblea Nacional, las autoridades crearían una agencia con el poder de ordenar el bloqueo inmediato de contenido considerado “ilegal y ofensivo” en las redes sociales, como publicaciones que critiquen a los jueces, las fuerzas armadas, el parlamento o las asambleas provinciales. Las personas y organizaciones que publiquen dicho contenido también podrían ser bloqueadas en las redes sociales.
De acuerdo con la ley, las plataformas de redes sociales deberán registrarse ante la nueva Autoridad de Protección y Regulación de Redes Sociales, y aquellas que no cumplan podrían enfrentar prohibiciones temporales o permanentes. La ley también convierte la difusión de desinformación en un delito penal, punible con tres años de prisión y una multa de 2 millones de rupias (7.150 dólares).
Los sindicatos que representan a periodistas y editores de noticias rechazaron el proyecto de ley el jueves.
El ministro de Información, Attaullah Tarar, defendió la ley, y afirmó que su único objetivo es detener la propagación de desinformación y discursos de odio. Dijo a los periodistas en Islamabad que aún estaba dispuesto a abordar las preocupaciones de los periodistas y que la ley no tenía la intención de imponer restricciones a los medios electrónicos ni a los periodistas.
La decisión del gobierno de aprobar el proyecto de ley llega casi un año después de que Pakistán bloqueara la red social X antes de unas elecciones que, según el partido de oposición de Khan, fueron amañadas. X sigue bloqueada en el país, aunque muchas personas usan redes privadas virtuales, conocidas como VPN por sus siglas en inglés, para acceder a ella, como en otros países con estrictos controles de internet.
Khan tiene un gran número de seguidores en las redes sociales, especialmente en X, donde sus simpatizantes hacen circular frecuentemente demandas por su liberación. Khan ha estado tras las rejas desde 2023, cuando fue arrestado por corrupción. El partido de Khan también utiliza las redes sociales para organizar manifestaciones.
El líder de la oposición denunció la legislación propuesta, diciendo que su objetivo es suprimir aún más la libertad de expresión. Omar Ayub Khan, quien no tiene relación con el ex primer ministro encarcelado, dijo que el proyecto de ley podría “sentar las bases para la supresión de voces que abogan por los derechos constitucionales”.
El jueves, el PTI dijo que daba por terminadas las conversaciones con el gobierno antes de la fecha límite del 28 de enero para reunirse con Khan. El anuncio de Gohar Ali Khan, presidente del PTI, se produjo varias semanas después de que iniciaran las conversaciones con el gobierno para asegurar la liberación del ex primer ministro y discutir otras demandas.
En los últimos años, los medios de comunicación paquistaníes han enfrentado una creciente censura. Los periodistas afirman que el Estado los presiona para que no usen el nombre de Imran Khan, y la mayoría de las estaciones de televisión han comenzado a referirse a él solo como “el fundador del partido PTI”.
Defensores de derechos humanos y sindicatos de periodistas han prometido oponerse a la ley; sin embargo, dado que el gobierno tiene mayoría en el Parlamento, su aprobación es casi segura.
Afzal Butt, presidente de la Unión Federal de Periodistas, dijo que la ley era un intento de suprimir a los medios, las redes sociales y los periodistas.
El gobierno afirma que la ley es necesaria para limitar la propagación de desinformación.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
