LIMA (AP) — Una carga de dinamita explotó el lunes frente a la sede de siete pisos de la fiscalía de la capital de una región del norte de Perú plagada por la delincuencia organizada dejando dos heridos, así como los vidrios destrozados del edificio fiscal, de una universidad y de un hospital que están en los alrededores.
Es la primera vez en décadas que una institución de Perú sufre ataques con explosivos. La fiscal general Delia Espinoza dijo a la radio local RPP que el ataque, ocurrido durante la madrugada, parecía tener relación con una investigación de “un caso muy grave de criminalidad organizada” donde una fiscal había sido amenazada. No dio más detalles. Los heridos fueron un taxista y un guardia privado de la sede fiscal.
El ataque a la sede fiscal se produjo a pocas cuadras de la plaza de armas de Trujillo, la capital de la región La Libertad.
La fiscal general criticó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no restituya una ley que permite la detención preliminar en casos de no flagrancia y que, en otro caso, se haya derogado otra importante norma que permitía a la policía decomisar dinamita, explosivos, armas y dinero a mineros ilegales.
“No es posible que estemos llegando a estos niveles altísima criminalidad con la inseguridad que vivimos desde hace mucho tiempo y sobre la cual no se está haciendo nada por parte de las autoridades responsables”, dijo la fiscal en su crítica más fuerte contra el gobierno.
Los ataques con explosivos a pequeños negocios son reportados con frecuencia por medios locales, tanto en La Libertad como otras ciudades de Perú, incluida Lima. La madrugada del jueves tres explosiones, en menos de media hora, ocurrieron contra tres hoteles cercanos en Lince, un distrito limeño.
La región La Libertad ha sufrido por años el avance de la delincuencia y la extorsión es uno de los delitos más antiguos en esta zona, desde donde se ha expandido al resto del país sobre todo desde 2021. Su gobernador César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, es aliado del gobierno nacional en el Parlamento.
El primer ministro Gustavo Adrianzén reconoció en la radio RPP que “la delincuencia por las capacidades que tiene desborda en ocasiones como estas al control policial” e informó que enviarán a 100 policías para ayudar en la lucha contra la criminalidad.