SEÚL, Corea del Sur (AP) — Los partidos de oposición de Corea del Sur presentaron el jueves un proyecto de ley donde solicitan una investigación independiente sobre la breve declaración de ley marcial del presidente destituido Yoon Suk Yeol, mientras miles de sus partidarios y críticos realizaban tensas manifestaciones cerca de su residencia ante su posible detención.
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En el proyecto de ley, presentado conjuntamente por seis partidos, entre ellos, el Partido Democrático, que es el principal partido liberal de oposición, se propone que un fiscal especial investigue si el decreto de ley marcial que Yoon emitió el 3 de diciembre constituyó un intento de rebelión.
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En el proyecto de ley también se pide una investigación sobre las afirmaciones de la oposición de que Yoon buscó provocar un enfrentamiento con Corea del Norte, presuntamente al enviar drones sobre Pyongyang o hablar de la posibilidad de derribar los globos cargados de basura lanzados desde Corea del Norte a través de la frontera, para justificar una toma de poder en el país. Los abogados de Yoon y el ejército de Corea del Sur han negado esas sospechas.
Yoon permaneció atrincherado en su residencia oficial en Seúl, la capital, donde el servicio de seguridad presidencial ha fortificado el terreno con alambre de púas y filas de vehículos bloqueando las carreteras, previendo otro intento de las fuerzas del orden para detenerlo, tras el fallido esfuerzo de la semana pasada.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que encabeza una investigación conjunta con la policía y el ejército, se ha comprometido a trabajar con la policía para hacer un esfuerzo más enérgico para detener a Yoon. Ha advertido que los miembros del personal de seguridad presidencial podrían ser arrestados si obstruyen los intentos de aprehender al acosado presidente.
Los abogados de Yoon se mostraron en contra de ponerlo bajo custodia, alegando que no presenta el riesgo de huir o destruir pruebas. Afirmaron que las imágenes de él siendo arrastrado y esposado podrían desencadenar una “guerra civil” en el dividido país.
En una conferencia de prensa realizada el jueves, Seok Dong-hyeon, abogado del equipo legal de Yoon, destacó las fervientes protestas de los partidarios de Yoon y afirmó que los intentos “temerarios” de la oficina anticorrupción para detener a Yoon “provocarían una importante reacción de ciudadanos indignados”.
“Sería, esencialmente, una situación de guerra civil”, dijo, y afirmó que los intentos de detener a Yoon tienen como objetivo humillarlo al mostrarlo esposado.
Separados por líneas policiales y vallas, miles de partidarios y críticos de Yoon continuaron sus manifestaciones diarias cerca de su residencia, gritando apasionadas consignas, ya sea prometiendo protegerlo o pidiendo su destitución. Ocasionalmente, intercambiaban insultos verbales, aunque no ha habido informes de enfrentamientos importantes.
La oposición afirma que una investigación independiente es crucial porque las investigaciones separadas, encabezadas por la agencia anticorrupción del país y los fiscales públicos, han sido obstaculizadas por la falta de cooperación de Yoon.
En el nuevo proyecto de ley se propone que el presidente de la Corte Suprema recomiende dos candidatos a Yoon, quien seleccionaría a uno de ellos como fiscal especial. Si Yoon se niega a nombrar a alguien, el candidato de más edad asumiría automáticamente el cargo.
El proyecto de ley anterior de la oposición, en el que se proponía una investigación independiente, fue rechazado por la Asamblea Nacional el miércoles, ya que los miembros del partido conservador de Yoon se opusieron a una cláusula que permitía que solo los partidos de oposición recomendaran candidatos para la fiscalía especial. Ese proyecto de ley fue rechazado por solo dos votos, y los Demócratas tenían la esperanza de que el nuevo proyecto de ley prosperara.
Los abogados de Yoon han cuestionado la legitimidad de una nueva orden de detención emitida el martes por el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl tras el fallido intento de poner a Yoon bajo custodia. Argumentaron que la agencia carece de autoridad legal para investigar cargos de rebelión u ordenar a la policía que detenga a sospechosos.
Han instado a la agencia a que acuse formalmente al presidente o a que busque una orden formal de arresto, un proceso que requiere una audiencia judicial. Sin embargo, el presidente ha declarado que solo cumpliría con una orden de arresto emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Sus abogados han acusado a la agencia de elegir deliberadamente un tribunal con un juez presuntamente favorable.
Horas después de que Yoon declarara la ley marcial y desplegara tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre, los legisladores que lograron atravesar el bloqueo votaron para levantar la medida. Los poderes presidenciales de Yoon fueron suspendidos cuando la Asamblea, dominada por la oposición, votó para destituirlo el 14 de diciembre, acusándolo de rebelión. El Tribunal Constitucional ha comenzado las deliberaciones para destituir formalmente a Yoon o reinstalarlo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
