WASHINGTON (AP) — El gobierno estadounidense insistió el jueves en su inusual batalla judicial para descarrilar un acuerdo de declaración de culpabilidad que el propio gobierno había alcanzado con el presunto cerebro de los ataques del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed.
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El gobierno instó a un panel de apelaciones federales a bloquear la declaración de culpabilidad de Mohammed programada para el viernes en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Los abogados defensores describieron los intentos de anular el acuerdo como el ejemplo más reciente de una “negligencia” en el caso.
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La disputa ha puesto a la administración del presidente Joe Biden en desacuerdo con los funcionarios militares de Estados Unidos que había nombrado para supervisar la justicia en los ataques del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3.000 personas. Es el último tropiezo en dos décadas de enjuiciamiento problemático vinculado a uno de los ataques más mortales en suelo estadounidense.
Un nuevo documento presentado el jueves por los abogados del Departamento de Justicia argumentó que la gravedad del caso “extraordinariamente importante” justificaba que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, interviniera para desechar el acuerdo.
Preguntado sobre la apelación el jueves después de una reunión en Alemania con aliados sobre el apoyo militar para Ucrania, Austin dijo a los periodistas que no había cambiado de opinión sobre el asunto y citó el proceso judicial al declinar más comentarios.
El acuerdo, negociado durante más de dos años y aprobado por los fiscales militares y el funcionario superior del Pentágono para Guantánamo a finales de julio, evitaría a Mohammed y a dos coacusados el riesgo de la pena de muerte. También los obliga a responder cualquier pregunta pendiente que tengan las familias de las víctimas sobre los ataques.
Los abogados defensores dicen que los acuerdos ya están vigentes y que Austin no tiene autoridad legal para anularlos después del hecho.
En Guantánamo, los preparativos han avanzado para los procedimientos del viernes, y algunos familiares de las víctimas ya han llegado. Si la audiencia procede, Mohammed declararía bajo juramento en el tribunal militar y luego el abogado defensor Gary Sowards presentaría declaraciones de culpabilidad en su nombre por 2.976 cargos de asesinato, entre otros cargos.
Las declaraciones de los coacusados Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi seguirían más adelante. Los abogados dicen que meses de audiencias de sentencia darían al gobierno la oportunidad de delinear su caso y permitirían a las familias hablar de su pérdida.
Desafíos legales y logísticos han obstaculizado el caso en los 17 años desde que se presentaron cargos contra Mohammed, quien según los fiscales concibió la idea de usar aviones secuestrados en los ataques. El caso sigue en audiencias previas al juicio, sin fecha de juicio establecida.
Años de testimonios, tanto de la defensa como de los acusadores, se han prolongado sobre si la tortura de Mohammed y otros detenidos hace que sus declaraciones posteriores sean inutilizables en la corte.
Con eso en mente, los fiscales militares notificaron a las familias de las víctimas este verano que el funcionario superior del Pentágono que supervisa Guantánamo había aprobado un acuerdo de declaración de culpabilidad. Lo llamaron “el mejor camino hacia la finalidad y la justicia”.
Austin anunció inesperadamente el 2 de agosto que estaba desechando el acuerdo. Argumentó que una decisión sobre penas de muerte en un ataque tan grave como el del 11 de septiembre solo debería ser tomada por el secretario de defensa.
La administración de Biden acudió esta semana al tribunal de apelaciones federal del Distrito de Columbia después de que el juez de Guantánamo y un panel de revisión militar rechazaran la intervención de Austin.
Los abogados de Mohammed argumentaron que la “intervención extraordinaria en este caso es únicamente producto de su falta de supervisión sobre su propio delegado debidamente nombrado”, es decir, el funcionario superior del Pentágono que supervisa Guantánamo.
El Departamento de Justicia afirma que el gobierno sufriría un daño irreparable si se aceptaran las declaraciones de culpabilidad.
Sostiene que al gobierno se le negaría la oportunidad de un juicio público y la oportunidad de “buscar la pena capital contra tres hombres acusados de un acto atroz de asesinato masivo que causó la muerte de miles de personas y conmocionó a la nación y al mundo”.
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La corresponsal Tara Copp contribuyó desde la Base Aérea Ramstein en Alemania
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
