ALMERÍA, 8 (EUROPA PRESS)
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En un escrito dirigido al alto tribunal andaluz el pasado mes de diciembre, consultado por Europa Press, la promotora interesa que se lleve a cabo lo acordado en la providencia que se dictó el pasado 9 de febrero, cuando ya se dio 30 días al entonces primer edil Felipe Cayuela para iniciar el expediente para la revisión de oficio de la licencia.
El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta "vicios de nulidad", de modo que su anulación sería el paso necesario para acometer la demolición del polémico inmueble y "devolver a su estado originario" el paraje, "que debió mantenerse inalterable", según concluyó el Tribunal Supremo (TS).
La empresa solicita además que, en caso de inejecución por parte del Ayuntamiento, se lleve a cabo de oficio por el propio tribunal del TSJA la ejecución "subsidiaria" de la sentencia encaminada a la anulación de la licencia de obras, de modo que, en tal caso, la resolución permita reconocer las "indemnizaciones" que pudieran corresponder a Azata.
Según han recordado, la licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quién era el que tenía atribuida la competencia, de modo que "la competencia para iniciar el expediente de revisión correspondería a la propia comisión de gobierno o al alcalde" y "en ningún caso al Pleno de la corporación".
La mercantil se pronuncia en estos términos en relación a la licencia de obras después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo demandara en una providencia del pasado 11 de diciembre las actuaciones concretas encaminadas a la ejecución de sentencia una vez que se rechazó la petición de Greenpeace para suspender la ejecución de esta actuación hasta que Carboneras reflejara de forma efectiva en su PGOU que los terrenos son "no urbanizables".
Sobre este otro asunto, el TSJA reclamó también en diciembre al Ayuntamiento de Carboneras una serie de modificaciones en su planeamiento urbanístico al entender que, según la documentación facilitada hasta ahora, no se ha dado cumplimiento a la sentencia para hacer "no urbanizables" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, de modo que advertía expresamente al primer edil de multas coercitivas.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ordenaba un oficio "urgente" dirigido al alcalde para que acometiera acciones y cambios en el plan general del municipio conforme a las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que alegaron al informe técnico municipal remitido el pasado mes de agosto.
En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera ordenaba además al alcalde que informara "cada diez días" a la Sala de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables a fin de dar cumplimiento de la providencia.
En este sentido, se hacía una advertencia expresa a Hernández de que "de detectarse cualquier dilación no justificada" se procedería a la imposición a su cargo de "multas coercitivas" con la posibilidad incluso de deducir testimonio ante las autoridades judiciales "por si procediera exigirle cualquier tipo la responsabilidad penal".
