MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
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A tenor de las conclusiones del estudio, tras ambas prioridades subyace el anhelo de llevar una vida digna y lo más normalizada posible. En la lista de deseos siguen aspectos como familia, normalización de la discapacidad, relaciones sociales y afectivas, accesibilidad universal e igualdad de género.
El empleo tiene un impacto transversal a la hora de dar respuesta a todos los demás deseos, al proporcionar autonomía económica, mayor autoestima y reconocimiento, así como redes de contactos y apoyo que ayudan a normalizar la discapacidad.
Las personas con discapacidad encuestadas no se conforman con encontrar un empleo, sino que quieren una ocupación que les garantice un buen ambiente laboral, algo que demandan el 65,3% de los encuestados, remuneración adecuada (53,5%) y sensibilización hacia la discapacidad (42,7%).
En los últimos años, el empleo de personas con discapacidad ha experimentado un ascenso constante, pero siguen existiendo grandes retos: el 72% de los contratos se firman en el entorno protegido, y la tasa de actividad de las personas con discapacidad se mantiene en un 35,3% , lo que supone que el 64,7% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca.
Además, siete de cada diez personas con discapacidad en situación de desempleo afirman haber sentido discriminación a la hora de competir en el mercado laboral. Las personas con discapacidad perciben, además, un mayor grado de discriminación durante la búsqueda de empleo debido a las barreras estructurales y a los prejuicios que a menudo afrontan en los procesos de selección. Una vez empleadas, la percepción de discriminación disminuye gracias al contacto directo, las experiencias positivas y los entornos laborales más sensibilizados e inclusivos, aunque el sentimiento de discriminación sigue siendo muy elevado.
Más allá de los deseos a corto plazo, en esta encuesta también se ha planteado a las personas con discapacidad su opinión respecto a su futura inclusión laboral, de cara a captar sus expectativas y preocupaciones en torno a su acceso al empleo en igualdad de condiciones. La mayoría de ellos (71,3%) cree que el pleno empleo de las personas con discapacidad es un objetivo alcanzable en los próximos 10 años.
En concreto, un 41,6% opina estar cerca y cree que en 2025 se darán pasos importantes. Asimismo, un 29,7% espera que se logre en los siguientes diez años. Entre quienes tienen una visión menos optimista, un 6% amplía ese plazo para lograr la plena inclusión hasta las próximas dos décadas (año 2044). Por último, el 22,7% restante se muestra menos esperanzado y opina que "nuestra generación no llegará a verlo".
Respecto a las cualidades que las personas con discapacidad piden a su jefe ideal en 2025, el atributo más mencionado ha sido la empatía (81,5%), seguida por la humildad y la honestidad. En general, escogen a personas cercanas como familiares, amigos, profesores, orientados laborales o, incluso, antiguos jefes como los managers ideales. Otros encuestados mencionan a deportistas como Rafael Nadal, entrenadores (Luis Enrique, Simeone, Ancelotti) o a empresarios como Amancio Ortega.
Para el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "que la vivienda y el empleo se sitúen a la cabeza de los deseos que las personas con discapacidad piden a 2025, vuelve a poner de manifiesto su propósito de llevar una vida lo más normalizada e independiente posible". "La vivienda es esencial para las personas con discapacidad porque representa mucho más que un lugar físico: es un espacio de autonomía, seguridad y desarrollo personal. El empleo, por su parte, tiene un impacto transversal a la hora de dar respuesta a todos los demás deseos, proporcionando autonomía económica, mayor autoestima y reconocimiento", ha añadido Mesonero.
Respecto a la vivienda, el Observatorio Estatal de la Discapacidad ha puesto en evidencia que apenas un 25% de las viviendas en España son accesibles, lo que implica uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad como es la falta de infraestructuras adecuadas.
A ello se une el "elevado" coste de las adaptaciones o las barreras económicas derivadas de una tasa de empleo significativamente inferior a la media. Estas circunstancias ponen en evidencia la necesidad de políticas públicas inclusivas y una mayor sensibilidad social para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una "vivienda digna, accesible y que les permita equiparar su vida a la del resto de los ciudadanos".