MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
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El año pasado se presentaron hasta seis denuncias por parte de familiares de los fallecidos contra la retención de los cuerpos, con lo que no podían recibir sepultura alegando el "perjuicio grave y flagrante" a la dignidad de los fallecidos y sus familias.
El Gobierno argumentó que las negociaciones para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza son "dinámicas" y delicadas, por lo que "no se puede descartar que la posesión de los cuerpos de estos terroristas sea necesaria para lograr la vuelta de los cautivos y desaparecidos".
El juez ultraconservador David Mintz, responsable de la redacción de la opinión de los tres jueces implicados, ha alegado el "alcance limitado" del Supremo para abordar decisiones del Gobierno sobre cuestiones de seguridad, que solo es concebible en "situaciones extremas", según recoge 'The Times of Israel'.
Mintz apunta a que el mando militar tiene la competencia para entregar los cuerpos o retenerlos en base a una norma de 1945. Además destaca que la medida es "provisional y limitada en el tiempo" y que ante la actual situación "no consideramos que haya margen para nuestra intervención".
