LIMA (AP) — El gobierno de Perú defendió el jueves su decisión de enviar a España a una escolta de la presidenta Dina Boluarte, la cual está incluida en la investigación de la Fiscalía contra la mandataria por el delito de encubrimiento personal y es considerada testigo clave en el caso.
PUBLICIDAD
El gobierno decretó que la escolta presidencial Ruth Ligarda sea enviada a la embajada de Perú en España para ser auxiliar de la Agregaduría Policial por dos años, a partir de este mes. La decisión generó polémica porque Ligarda dejó y recogió a Boluarte cuando ella sostuvo una reunión secreta en una zona alejada en el sur de Lima. Se sospecha que acudió con el prófugo Vladimir Cerrón, que antes fue jefe político de Boluarte.
PUBLICIDAD
“Bastaría únicamente una citación oficial de Ministerio Público o Poder Judicial para que, por medios virtuales, se pueda recibir la declaración de esta persona", dijo el primer ministro del país sudamericano, Gustavo Adrianzén, en una rueda de prensa. "No la estamos llevando a un lugar donde va a cortar relaciones con el estado peruano o sus obligaciones como ciudadana, así que aquellas insinuaciones de que se le asignó al extranjero a personal comprometido en investigaciones" quedan totalmente descartadas.
Adujo que Ligarda cumplía con los requisitos para la designación, y rechazó que haya un intento de entorpecer su testimonio en la investigación de la Fiscalía contra Boluarte.
Los fiscales consideran que la mandataria habría ayudado a Carrón a fugarse usando uno de sus vehículos oficiales. Boluarte y el político prófugo están inmersos en otra investigación por presunto lavado de activos por el manejo de fondos del partido Perú Libre. Esta organización, que lidera Cerrón, respaldó a Boluarte para que fuese candidata a la vicepresidencia en 2021 en la formula que encabezó Pedro Castillo, que ganó las elecciones.
A fines de 2022, tras un fallido intento de Castillo de disolver el Congreso, fue destituido y Boluarte lo sucedió en el cargo. Para entonces ya había renunciado a Perú Libre.
Cerrón está prófugo debido a que enfrenta una condena judicial por un caso de corrupción sobre su gestión como gobernador de la región de Junín, en la zona central de los Andes peruanos.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha citado a Boluarte para que declare sobre estos hechos el miércoles 15 de enero en la sede principal de su entidad en Lima.
