MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El portavoz adjunto del Emirato Islámico, el nombre oficial del país bajo el régimen integrista, Hamdulá Fitrat, ha precisado a la cadena afgana Tolo News que el edicto, que consta de seis artículos, especifica penas que van de uno a tres años de cárcel para los traficantes.
El decreto hace hincapié "en la protección de la vida y la dignidad humanas y en la adopción de medidas serias contra este fenómeno", ha añadido.
El caso es que Afganistán tiene una gran diáspora: se estima que 5,7 millones de refugiados afganos viven en el extranjero, principalmente en países vecinos. Décadas de guerra e inestabilidad han obligado a millones de afganos a huir de sus hogares.
El regreso de los talibán al poder en agosto de 2021 desencadenó una nueva ola de desplazamientos, y decenas de miles de personas abandonaron el país.
En otro decreto adicional, el mulá Ajundzada ha ordenado la destrucción inmediata de todos los registros judiciales que estipularan condenas para individuos vinculados con los talibán. "Todos ellos", ha añadido a Tolo el portavoz del Ministerio de Justicia talibán, "serán considerados inocentes a menos que decidan lo contrario los tribunales del Emirato Islámico".
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los ciudadanos afganos se han enfrentado a numerosos desafíos desde que los talibán tomaron el poder, incluida la inseguridad política y económica persistente, junto con una disminución de la libertad, en particular para las mujeres.
Los desastres como los terremotos mortales y las inundaciones repentinas también son causas principales de sufrimiento.