LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de Nicolás Hermoza Ríos, militar que fue el tercer hombre más poderoso del gobierno autoritario del fallecido presidente Alberto Fujimori y que cumple prisión por delitos contra los derechos humanos y corrupción, según señaló en un fallo suscrito el viernes.
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El Constitucional dispuso que se aplique a Hermoza, de 90 años, la liberación anticipada sin que haya completado su condena aún, por considerar que, debido a que se le diagnosticó demencia senil, “no resulta posible que se alcance el fin resocializador de la pena”. Además, argumentó que “mantenerlo privado de su libertad vulnera su dignidad humana”.
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Sin embargo, aclaró que su decisión no anula las condenas ni lo exime del pago de la reparación civil pendiente, que asciende a varios millones de dólares por diferentes casos.
Hermoza, general retirado, fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas desde 1992 y comandante general del Ejército desde fines de 1991. Fue cómplice del golpe de Estado de Fujimori de abril de 1992, con el que disolvió el Congreso e intervino el poder judicial, entre otros órganos del Estado, y estableció un régimen antidemocrático.
Participó en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Perú en 1997, que había sido tomada por subversivos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Entró en controversia con Fujimori sobre la autoría de la estrategia de la operación.
El gobierno de Fujimori lo pasó al retiro en 1998 cuando su posición belicista en el conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador resultaba inconveniente en las negociaciones diplomáticas.
Tras caer Fujimori, Hermoza fue encarcelado en 2001 por acusaciones de tratos con narcotraficantes en coparticipación con Vladimiro Montesinos, poderoso operador del gobierno.
En 2005 se le condenó a ir a la cárcel por haber robado 22 millones de dólares de los fondos estatales de compra de armamento cuando era jefe máximo del Ejército.
En 2010 fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita para delinquir por las matanzas de Barrios Altos —en que perecieron 15 civiles—, y la desaparición de nueve campesinos y un periodista en la zona del Santa, a 400 kilómetros (248 millas) al norte de Lima, crímenes ejecutados por el destacamento militar clandestino Colina. Dos años después, la Corte Suprema le rebajó la pena carcelaria a 20 años por una formalidad, pero tras una revisión confirmó la pena inicial.
En 2016 fue condenado junto con Montesinos a 22 años de prisión por las desapariciones de tres civiles en 1993: dos estudiantes universitarios y un panadero que había sido catedrático en la sierra peruana. En 2018 la Corte Suprema aumentó la pena de Hermoza a 23 años.
En agosto de este año, un hermano del general, Juan Hermoza, fue nombrado agregado en la embajada de Perú en Ecuador por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La prensa recordó que en la década de 1990 fue congresista por el partido político de Fujimori y propuso una ley de amnistía a favor de militares que hayan violado derechos humanos.
