Una comunidad indígena de la Amazonía peruana está celebrando una victoria jurídica en la última etapa de su intento por recuperar los bosques lluviosos ancestrales que reclama.
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La comunidad de Puerto Franco de la tribu kichwa dice que su territorio fue robado para crear el Parque Nacional Cordillera Azul en 2001. Empresas como Shell y TotalEnergies gastaron decenas de millones de dólares en créditos de carbono en el parque para contrarrestar las emisiones de sus operaciones de combustibles fósiles. Los kichwa prácticamente no recibieron nada y se quedaron pasando hambre, a pesar de que una investigación de The Associated Press en 2022 halló que era casi seguro que era su territorio ancestral, según los términos de una convención que Perú firmó hace décadas.
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La comunidad celebró una dramática victoria jurídica el año pasado, cuando la jueza provincial Simona del Socorro Torres Sánchez dictaminó que la creación del parque sin el consentimiento de los kichwa había violado sus derechos. Se les ordenó a las autoridades otorgarles la propiedad legal y los ingresos por las ventas de créditos de carbono.
Pero un tribunal de apelaciones anuló eso rápidamente, un acto que algunos expertos jurídicos consideran cuestionable.
Sánchez ha dictaminado una vez más a favor de los kichwa. Sin embargo, ahora emitió una nueva orden de que los kichwa deberían recuperar su tierra y beneficiarse de las ventas de créditos de carbono. Ella recalcó que los kichwa eran indígenas, y sus derechos territoriales contaban más que el tiempo transcurrido.
El gobierno peruano y una organización sin fines de lucro que administra el parque, CIMA, han argumentado que ha pasado demasiado tiempo para que los kichwa hagan una reclamación, y que realmente no son personas indígenas. Las autoridades peruanas también han argumentado en documentos jurídicos que la comunidad no objetó la creación del parque en 2001.
El líder kichwa, Inocente Sangama, dijo sentirse indignado por la afirmación de que no eran personas indígenas, y a la vez orgulloso y feliz porque el sistema de justicia les dio la razón.
La AP le envió un correo electrónico al gobierno peruano, pero hasta el momento no había recibido respuesta. Jorge Aliaga Arauco, un director en CIMA, dijo por correo electrónico que apelarían la decisión y que contaban con evidencia sólida. La organización sin fines de lucro dice que los ingresos del proyecto de créditos de carbono ayudan a proteger la antigua selva tropical, uno de los entornos más prístinos y con mayor diversidad biológica de Perú.
El caso podría estar avanzando hacia una conclusión.
Juan Carlos Díaz, abogado constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú, le dijo a la AP que la sentencia podría ser apelada ante un tribunal superior. Si los kichwa ganan allí, la decisión sería definitiva, dijo. Si pierden, tendrían un último derecho de apelación ante un Tribunal Constitucional en Lima, pero el gobierno no cuenta con ese último recurso.
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La cobertura del clima y el medio ambiente por parte de The Associated Press recibe apoyo financiero de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
