MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, juzgará al general del Ejército colombiano Mario Montoya Uribe por su papel en los casos de 'falsos positivos', ejecuciones extrajudiciales de civiles llevadas a cabo por las fuerzas del Estado maquilladas como muertos durante los enfrentamientos con las guerrillas y grupos armados.
De ser culpable, el también excomandante colombiano se enfrentaría hasta a 20 años de cárcel. Montoya se convierte en el primer alto cargo del Ejército que va a juicio en la JEP tras negar su responsabilidad en los hechos. En total, se identificaron un total de 118 víctimas de 16 municipios antioqueños.
"La sala determinó que el general Mario Montoya debido a su actuación como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de diciembre de 2003 fue reconocido como autor de crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada según el Código Penal colombiano", ha explicado la magistrada Catalina Díaz.
La sala ha remitido su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la Fiscalía de la JEP y será la encargada de continuar con la investigación, así como de decidir si le acusa por los hechos imputados.
Estos crímenes también constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada de personas durante este periodo en el marco de un conflicto armado interno en el que además la población civil "se encontraba en un estado especial de vulnerabilidad".
En este sentido, ha indicado que Montoya "es penalmente responsable" de estos crímenes, ya que puso en marcha "una política 'de facto' de conteo de cuerpos que privilegiaba las muertes en combate como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas como un resultado indeseado y problemático".
"El alto oficial generó un ambiente de competencia entre sus miembros en todos los niveles de la jerarquía por ser el primero en el ranking de presentación de muertos en combate", ha explicado, agregando que había "felicitaciones" por las bajas conseguidas y reproches en caso de no conseguir los resultados deseados.
De igual forma, ha señalado que Montoya "presionó a los miembros de la Cuarta Brigada midiéndolos comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa", a la par que "empleó constantemente un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal".
"Montoya no sólo tenía el deber jurídico de evitar que sus subordinados cometieran estos crímenes internacionales sino también de no realizar acciones que propiciaran su perpetración", ha explicado la magistrada Díaz en una rueda de prensa.
Montoya ejerció de comandante del Ejército durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe entre 2006 y 2008, mientras que también fue general entre 2002 y 2003. Es uno de los nueve imputados en esta causa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas, sustraídas de sus casas o sus trabajos --incluso interceptadas en transportes y vías públicas-- eran "señaladas sin pruebas" de ser guerrilleros y posteriormente asesinadas. Entre los casos de 'falsos positivos' también había civiles "en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica".
El coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero, que ejerció como comandante del Batallón de Artillería número 4 'Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez' (BAJES), está acusado de al menos 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre 2002 y 2003 en el marco de los casos de 'falsos positivos'. Su causa también ha sido remitida a la UIA, por lo que será juzgado ante la JEP al igual que Montoya.
En junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se cifraban en 2.248 las víctimas de 'falsos positivos' entre 1988 y 2014. Sin embargo, la investigación del tribunal de paz se extendió y elevó esa cifra hasta los 6.402.