ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tras la oleada de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de 2023 en las distintas provincias y comunidades autónomas, y que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero de 2024, el ministerio de Agricultura decidió poner en marcha un paquete de medidas, que no contó con el refrendo de las principales organizaciones agrarias, y que a juicio de las organizaciones convocantes se ha demostrado "claramente insuficiente" para dar respuesta a las demandas del sector. L
"Los altos costes de producción y los bajos precios en origen en buena parte de las producciones siguen siendo una rémora para las economías de las explotaciones agrarias", critican.
Además, ASAJA y COAG recuerdan que reformas que estiman "esenciales" como los cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria o en el sistema de Seguros Agrarios siguen sin producirse. Al igual que la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales a las necesidades del campo que, "lejos de llevarse a cabo, supone un lastre cada vez mayor para las explotaciones".
También "la falta de inversiones e infraestructuras y una política hidráulica decidida siguen siendo materia pendiente y la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas hace que convivan situaciones endémicas de déficit de agua con desastres como el provocado por la última DANA, que ha asolado el sureste peninsular", añaden.
LA AMENAZA DE LAS IMPORTACIONES
Pero si hay un asunto que preocupa a ASAJA y COAG por suponer una "verdadera amenaza" para el sector es la proliferación de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. "Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones", lamentan.
Por todo ello, reclaman un "cambio de rumbo" en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones "más proactivas" en defensa de un sector que "toca fondo", con ingresos que resultan "insuficientes", con una pérdida de activos que resulta "sangrante" y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en sus explotaciones y en los núcleos rurales.
