LA PAZ, Bolivia (AP) — Con un retraso de un año por las fuertes disputas políticas y recursos legales, Bolivia celebrará el domingo unos polémicos comicios judiciales para elegir a magistrados de las altas cortes por voto popular en medio de una apatía ciudadana ante la crisis profunda de la justicia boliviana.
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Bolivia es uno de los pocos países que elige a sus jueces en las urnas. Recientemente, México se encaminó a un proceso similar y podría ver en el país sudamericano una muestra de las implicaciones y dificultades sobrevenidas del sistema.
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“A la moneda”, dijo Marisol Nogales, de 25 años, una estudiante de arquitectura sobre cómo determinará su voto. No conoce a ningún candidato, asegura, como le ocurre a muchos bolivianos que deberán elegir a 19 de 26 jueces titulares y a 19 de 26 suplentes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Las elecciones judiciales, demoradas por más de un año ante la pugna en el partido Movimiento al Socialismo entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, han mostrado síntomas de la influencia de la política en el sistema de justicia.
La ruptura interna entre partidarios de cada bando llevó al oficialismo a perder la mayoría legislativa y esa falta de consensos en el Parlamento, a la postergación de las elecciones. Esto derivó a su vez en una prorrogación de los jueces actuales, con el trasfondo de las elecciones generales de 2025 en las que Morales busca reelegirse pese a pronunciamientos en contra de altos tribunales.
Algunos de los jueces prorrogados en sus cargos son los que se pronunciaron en contra de que el exmandatario, que gobernó Bolivia por 14 años, pueda volver a ser candidato y anularon el referéndum con el que Morales pretendía abrir la puerta a una nueva reelección.
En esta convocatoria, recalcan algunos expertos, no solo se atrasó el llamado a las urnas, sino que solo una parte del Tribunal Constitucional será elegido después que los actuales magistrados quedaran prorrogados en sus cargos en enero pasado. De las elecciones, saldrán cuatro de los nueve miembros de ese cuerpo colegiado, pero queda en duda qué pasará con los otros cinco que faltan.
Fueron precisamente los actuales magistrados constitucionales quienes decidieron que hubiera elecciones judiciales parciales.
Es posible que los “que ya están prorrogados continúen y convivan con los actuales elegidos”, dijo el exministro de Justicia, Iván Lima, que se ha mostrado crítico con el proceso electoral judicial. “Lo que está pasando es un desorden que nos puede llevar a un conflicto mayor”, agregó.
En cuanto a los más de 100 candidatos para los cargos judiciales en disputa, la ley indica que no deben hacer campaña. Sin embargo, algunos se las han ingeniado para hacer llegar folletos a los ciudadanos sobre cómo deben votar con mensajes como el de que “una justicia diferente es posible”. Muchos han recurrido a las redes sociales.
En convocatorias anteriores —2011 y 2017—, las elecciones judiciales movilizaron muy poca participación ciudadana y un alto registro de votos nulos. Los actuales magistrados fueron elegidos con pocos votos.
Esta podría ser una advertencia para México que, pese a las críticas recibidas, aprobó recientemente una reforma constitucional para que sus cuerpos judiciales sean elegidos en las urnas. Fue una de las últimas medidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de dejar el cargo a inicios de octubre.
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral boliviano, Francisco Vargas, informó que una delegación de expertos mexicanos del Instituto Nacional Electoral estará presente para seguir el proceso electoral judicial. Preguntado sobre si aconsejaría al país del norte seguir el camino de Bolivia en cuanto a la elección popular de jueces, respondió con una carcajada.
“Debería ser un proceso muy tranquilo, fácil y sencillo, pero ha sido un proceso muy, muy litigioso y controversial”, recalcó. “Se está llevando adelante con la mejor voluntad por parte del Tribunal Supremo Electoral, con mucho esfuerzo y dedicación, pero tiene sus trabas”, dijo el vicepresidente del TSE.
Antes de llegar a la convocatoria a las urnas del domingo, las elecciones judiciales estuvieron en vilo varias veces.
Recientemente hubo reclamos de varios aspirantes a jueces que quedaron fuera de las listas y una batalla legal con los actuales magistrados que declararon que en los departamentos bolivianos de Beni y Pando no habrá candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia por no cumplir con los requisitos. Lo mismo ocurrirá para el Tribunal Constitucional en las regiones de Santa Cruz y de Cochabamba.
Los comicios judiciales se llevan a cabo en Bolivia después que en 2009 Morales los incluyera en la Constitución Política del Estado (CPE).
En un inicio, el país encontró en las elecciones judiciales un camino para salir de la crisis de justicia que arrastraba hace décadas, pero las convocatorias se fueron complicando y han ido aumentando las voces que cuestionan el sistema por generar un conflicto de poderes.
