QUITO (AP) — Organizaciones sociales e indígenas de una provincia amazónica de Ecuador advirtieron el viernes con extender a toda la Amazonía la protesta que mantienen en rechazo a la construcción de una megacárcel en una zona que estaría cerca de escuelas y comunidades.
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La prisión de Archidona, en la provincia de Napo, al nororiente del país, es una de dos centros penitenciarios de máxima seguridad que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ofreció construir como parte de un plan de seguridad para confrontar la violencia provocada por bandas que han dominado las cárceles. La segunda se construye en la provincia de Santa Elena, en la costa de Ecuador.
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El detonante de los bloqueos en cuatro vías desde días atrás fue la adjudicación de la obra, pero el tono de las protestas aumentó la noche del jueves con la toma de las instalaciones de una gobernación.
Efraín Alvarado, coordinador de la organización de nacionalidades Kichwa de Archidona, aseguró a The Associated Press que la zona donde se construirá la nueva prisión es aledaña a cuatro escuelas con 5.110 estudiantes y dos comunidades indígenas.
“El gobierno nacional quiere ponernos una escuela de crimen organizado, delincuencia y narcotráfico”, protestó el dirigente y reprochó que se destinen 52 millones de dólares para la cárcel cuando en la Amazonía “no tenemos hospitales, universidad y las aulas educativas están deterioradas”.
Alvarado advirtió que, de no ser escuchados, la paralización de vías se ampliaría a toda la Amazonía.
El prefecto de la provincia de Napo, José Toapanta, aseguró a la AP que presentaron una alternativa al gobierno para la reubicación de la nueva cárcel en una zona alejada, pero no fue tomada en cuenta.
“Tras de una cárcel no vienen cosas buenas, vienen aspectos negativos, asaltos, robos, mafias”, dijo la autoridad local.
El gobierno no se ha referido públicamente a los reclamos de los manifestantes amazónicos.
Ecuador tiene 35 cárceles con capacidad para 27.714 presos, pero están recluidos cerca de 33.000 prisioneros. El hacinamiento es del 18,6%. Actualmente, están bajo la vigilancia de las fuerzas armadas, lo que no ha evitado casos de fugas ni el ingreso de artículos prohibidos ni episodios violentos como el ocurrido en noviembre que dejó en la Penitenciaría del Litoral 15 reclusos muertos y 14 heridos.
El país afronta una crisis de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la acción de bandas criminales vinculadas a cárteles del narcotráfico transnacionales. En enero, el presidente Noboa declaró el estado de conflicto interno armado en el país y calificó de terroristas a 22 organizaciones criminales, para desplegar un bloque de seguridad en los puntos más violentos.
