MANILA, Filipinas (AP) — La vicepresidenta de Filipinas no asistió el miércoles a la primera vista sobre las amenazas que realizó contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., y alegó que no creía que la investigación fuera justa.
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Sara Duterte fue citada para comparecer ante la Oficina Nacional de Investigación (ONI), pero en su lugar envió a su abogado, quien presentó una carta en la que afirmaba que su cliente “niega rotundamente haber hecho amenaza alguna que constituya una grave amenaza” según la ley.
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Duterte ha intentado retractarse de los comentarios que realizó durante una conferencia de prensa online el 23 de noviembre, donde amenazó públicamente de muerte a Marcos, a su esposa y al presidente de la Cámara, Martin Romualdez. Más tarde dijo que se trató más bien una expresión de preocupación por su propia seguridad, afirmando haber recibido amenazas de muerte.
Marcos y Duterte han tenido desencuentros desde que ganaron las elecciones de 2022. Los dos cargos se eligen por separado en Filipinas, lo que ha llevado a que políticos rivales ocupen los dos principales cargos del país.
Duterte, de 46 años, es hija del expresidente Rodrigo Duterte, quien está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por los asesinatos de miles de sospechosos durante la violenta campaña contra las drogas ilegales que ordenó.
El director del ONI, Jaime Santiago, dijo a reporteros que la investigación preliminar a Sara Duterte seguirá adelante con o sin su presencia o contradeclaración, y que su oficina presentará a principios de enero su informe al Departamento de Justicia. La investigación debía comenzar el 29 de noviembre, pero se demoró a pedido de la vicepresidenta.
“No creo que esta investigación vaya a ser justa”, dijo a los periodistas el miércoles. “Aunque digan que hay una investigación, desde el principio ya decidieron presentar casos”.
Duterte dijo que no planea abandonar el país para esconderse y que ella y sus abogados se están preparando para los casos de juicio político presentados en su contra.
Se enfrenta a dos denuncias de juicio político por violación de la Constitución, traición a la confianza pública, malversación de fondos gubernamentales y otros delitos, incluidas las amenazas de muerte que hizo contra Marcos.
La Cámara ha estado investigando el supuesto mal uso de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) de fondos confidenciales y de inteligencia recibidos por las oficinas de Duterte como vicepresidenta y secretaria de Educación. Desde entonces, ha dejado el cargo en Educación.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
