MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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En concreto, la PNL del PP, consultada por Europa Press, insta al Gobierno a elaborar un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural.
Una vez elaborado el diagnóstico y definidas las propuestas de actuación, propone establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las Administraciones competentes en la materia, que lleve la financiación estatal adecuada y suficiente para su puesta en funcionamiento.
También plantea promover servicios de proximidad centrados en las personas, que contemplen intervenciones de carácter ambulatorio en zonas con grandes limitaciones de infraestructuras; impulsar medidas específicas destinadas a las mujeres con discapacidad, y priorizar el despliegue de servicios de respiro para los familiares cuidadores en entornos rurales.
Asimismo, propone desarrollar, "a la mayor brevedad posible y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales", el Objetivo 6 del Eje 3 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que se basa en mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las zonas de transición justa, para el acceso y disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte".
Por su parte, Vox ha presentado una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno a elaborar un estudio oficial y remitirlo "a la mayor brevedad" a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre las familias españolas con hijos con discapacidad intelectual a cargo, con datos y estadísticas.
En concreto, el grupo quiere que en estos datos se incluya el número de familias que se encuentran en estas circunstancias, su composición, nivel de renta, porcentaje de discapacidad reconocida, grado de dependencia, gasto medio en España (desglosado por conceptos) relacionado con la discapacidad intelectual de los hijos a cargo, tales como terapias, gastos farmacológicos, maquinaria y alimentación específica, entre otras, y relación de ayudas públicas.
Asimismo, piden promover que las diferentes Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias a fin de proteger y ayudar a las familias con hijos con discapacidad intelectual a su cargo, especialmente en lo relativo al sostenimiento de los gastos que soportan las mismas, en función de las circunstancias y necesidades del caso concreto, y "en condiciones de igualdad en todo el territorio español".
