CARACAS (AP) — El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, afirmó el lunes que las autoridades venezolanas tienen aún pendiente la aplicación de leyes y medidas concretas para proteger los derechos humanos y resaltó que las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 “siguen en marcha”.
En su discurso con motivo de la reunión anual de los países miembros de la CPI en La Haya, Khan indicó que monitorea de forma activa los acontecimientos actuales, incluidas acusaciones tras las controversiales elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela en las que el presidente Nicolás Maduro y la oposición se adjudican la victoria.
El fiscal de la CPI recordó que en su visita al país sudamericano en abril enfatizó a las autoridades venezolanas “la necesidad de ver un impulso y un programa real” en materia de protección de derechos humanos.
Mientras que después de las elecciones presidenciales “insistí en mis comunicaciones con Venezuela” y “en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos humanos de civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”, acotó.
Tras los cuestionados comicios se sucedieron multitudinarias protestas y la detención de miles de personas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González, ahora asilado en España. La autoridad electoral había declarado ganador a Maduro, que buscaba su tercer mandato de seis años, pero no mostró acta alguna a pesar de pedidos de la oposición y de la comunidad internacional de transparentar los resultados. Maduro y González han dicho que asumirán el 10 de enero.
A raíz de las manifestaciones más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo, de ellos 1.903 permanecen detenidos, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. Unos 42 de los arrestados son adolescentes. En meses recientes, al menos 86 menores de edad fueron liberados, indicó Foro Penal.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
Khan anunció a fines de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, la investigación a gran escala quedó temporalmente en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. En marzo la CPI desestimó los recursos presentados por el gobierno de Maduro contra la apertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas bajo el mandato de Maduro durante la represión de protestas antigubernamentales en 2017.
El fiscal ha destacado que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017, y Venezuela no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
LA CPI y Venezuela suscribieron en junio del año pasado un memorando de entendimiento en el que acordaron la apertura expedita de una oficina de ese organismo internacional en Venezuela, que apuntaba a facilitar las investigaciones y permitir a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país.