BOGOTÁ (AP) — En Colombia fueron judicializados cinco militares activos y cuatro retirados por presuntamente hurtar partes de armas de fuego que, se presume, terminaban en manos de estructuras criminales, informó el viernes la fiscalía.
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Entre los capturados hay cuatro sargentos; dos en servicio activo y dos retirados, así como soldados. Todos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
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Uno de los sargentos aceptó los cargos, mientras que los demás imputados los negaron. Los procesados se exponen a una pena de hasta 12 años de cárcel. Tras la imputación, el juez les permitió cumplir la privación de libertad en sus casas.
La desaparición de armamento, municiones y otros materiales de uso bélico de bases militares fue denunciada en abril por el presidente Gustavo Petro, quien en ese momento señaló como presuntos responsables a redes de tráfico de armas en las que estarían involucrados militares y civiles que, presuntamente, entregan a actores ilegales.
En el reciente caso, las partes de las armas habrían sido sustraídas de fuertes militares de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento de Cundinamarca, y Larandia, al sur del país en Caquetá, así como de un batallón y un almacén de Indumil, la fábrica estatal de armamento.
“Al parecer, los elementos eran sustraídos de las instalaciones militares y entregados a contactos externos que se encargaban de unirlos para ensamblar fusiles y otras armas de fuego, que serían vendidas a distintas estructuras criminales”, detalló la fiscalía en un comunicado.
Se trataría de un negocio que generaría una alta rentabilidad, dado que armar un fusil valdría 1.900 dólares y en el mercado ilegal se vendería a más 4.500 dólares, según la investigación.
La ganancia de dinero se daría con las partes sustraídas de los batallones que eran luego reemplazadas con réplicas “para no quedar mal ante los superiores”.
Las réplicas de las partes de los armamentos habrían sido cambiadas por las originales que estaban en los fuertes militares. Con dichas partes se habrían ensamblado los fusiles que, presuntamente, terminan en manos de ilegales.
En otro operativo realizado a inicios de octubre, seis militares fueron capturados por presuntamente traficar drogas y armamento en los departamentos de Nariño y Cundinamarca.
