BUENOS AIRES (AP) — A un año de dejar el poder, el expresidente argentino Alberto Fernández compareció el miércoles ante un juez tras ser acusado de presuntas irregularidades en la contratación de seguros para el sector público que habrían implicado un perjuicio para el Estado equivalente a 300 millones de dólares.
Se trata de la primera declaración en sede judicial para el exmandatario de la centroizquierda peronista, de 65 años, en una causa donde se lo acusa por delitos que se habrían cometido durante su gobierno (2019-2023). Además del caso de los seguros, Fernández enfrenta otra acusación por presunta violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez y por la cual deberá declarar el 11 de diciembre.
El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles al haber propiciado un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio “del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros” para distintas reparticiones públicas a través de una compañía dependiente del estatal Banco Nación, según la acusación del fiscal federal Ramiro González.
A partir de esta pesquisa, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar a Fernández y a otros 38 acusados, entre ellos varios allegados al exmandatario.
Fernández compareció durante dos horas ante el magistrado y se retiró de los tribunales de Buenos Aires sin formular declaraciones a los periodistas que lo aguardaban. Su defensa señaló en un escrito que la citación “carece de fundamentos” y que la acusación es “forzada” y “genérica”.
Según la acusación del fiscal González, la maniobra se orquestó a partir de un decreto firmado por Fernández en 2021 que impuso al sector público la obligación de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con Nación Seguros S.A. Al frente de la aseguradora fue designado Alberto Pagliano, un amigo del entonces presidente.
El mismo decreto facultó a esa entidad a dar intervención a otras aseguradoras privadas en forma de coaseguro y ello habría permitido el direccionamiento de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que “eran seleccionadas de forma arbitraria”.
Estas resoluciones habrían dado lugar a que gran parte de las contrataciones contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios, los cuales se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones.
Uno de los intermediarios más beneficiados fue Héctor Martínez Sosa, quien además es el esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.
Pagliano, Martínez Sosa y Cantero también están acusados y deberán comparecer ante Ercolini.
La fiscalía estimó que el perjuicio para el Estado fue equivalente a unos 300 millones de dólares.
Fernández volverá a los tribunales el 11 de diciembre ante el mismo juez, pero acusado por violencia de género contra la ex primera dama.