CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El partido gobernante de Guatemala, con el que llegó al poder el presidente Bernardo Arévalo, logró con el apoyo de parte de la oposición reformar una ley contra la delincuencia organizada en la que se respaldaba un juez para procesar penalmente a la organización por supuestos delitos electorales, como parte de la arremetida de la justicia en época de campaña contra el mandatario y el Movimiento Semilla.
La organización estaba impedida de participar plenamente en las comisiones del Congreso debido al proceso penal abierto en su contra.
La fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, logró que el juez Fredy Orellana suspendiera la vigencia del partido político oficial por acusaciones de supuestas ilegalidades en la conformación y registro financiero del partido. Con la suspensión los miembros del partido, no podían ser bancada en el Congreso ni participar en comisiones o en la presidencia de ese cuerpo.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 82, permitía la suspensión provisional “con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal” de las inscripciones de personas jurídicas, patentes, permisos y licencias, cuando hubieren sido utilizadas para cometer cualquier ilícito que establece esta misma ley,
La reforma, que se aprobó de urgencia nacional con el apoyo de 127 de 160 diputados, incluye que la suspensión provisional sea de “un plazo no mayor de un año”. Además especifica que el artículo no es aplicable a personas jurídicas o a organizaciones políticas que estén sujetas a normativas específicas o leyes de rango constitucional.
El Movimiento Semilla siempre argumentó que un juez penal no podía suspenderlos porque la ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, es la que rige todo lo relacionado a partidos políticos. La reforma levanta la suspensión del partido político.
La diputada opositora Sonia Gutiérrez dijo a The Associated Press que votó a favor de la reforma, porque ésta podía ser utilizada contra cualquier partido.
“Mi voto fue a favor de la reforma porque cualquier partido está vulnerable en cualquier momento si esto no se reforma; no solo los partidos políticos. Esta ley está siendo usada contra cualquier organización de sociedad civil para criminalizar a la gente”, dijo la diputada.
Gutiérrez se refirió a la persecución a opositores políticos, especialmente, en el pasado a quienes se opusieron al gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, quien mantuvo una relación cercana con la fiscal general.
El presidente Arévalo felicitó a la bancada y al Congreso en un post de su cuenta de X, antes Twitter. “¡Viva la democracia!”, celebró.
Allan Rodríguez, diputado del partido VAMOS, de Giammattei, acusó a los oficialistas de burlarse de procedimientos legislativos y aprobar una ley que los legisladores no habían leído.
“Hoy Semilla pretende quitar el artículo 82 para que afiliar muertos deje de ser delito y que lo que ellos hicieron para conformarse como partido deje de ser una violación a la ley. Lejos de demostrar su inocencia, hoy han chantajeado y presionado a todos los diputados”, dijo.
La fiscalía accionó reiteradamente contra Semilla, contra Arévalo —solicitó al menos 11 veces la retirada de su inmunidad—, contra el Tribunal Supremo Electoral, así como contra empleados electorales, hasta ciudadanos, buscando incluso que se investigue un supuesto fraude electoral.
Porras ha sido sancionada por más de 40 países que la señalan de intentar socavar la democracia del país y obstruir la lucha anticorrupción.