MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
"Vemos el anuncio de que las detenciones administrativas ya no se aplicarán a los colonos israelíes extremistas como un retroceso de una de las herramientas limitadas que estaban siendo utilizadas efectivamente por el Gobierno israelí para frenar esta actividad ilegal", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa.
Miller ha reiterado que las autoridades estadounidenses están "muy preocupadas por el aumento de la violencia extremista en Cisjordania, incluidas las agresiones a civiles, el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas y la destrucción deliberada de viviendas y granjas".
Así, ha defendido que desde la Administración Biden ya han solicitado "en repetidas ocasiones" al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que actúe "para disuadir de la violencia extremista de los colonos" y exigir "responsabilidades a quienes la ejercen".
El portavoz ha destacado las acciones que emprendidas por el Gobierno estadounidense a lo largo del año pasado y ha asegurado que, si es necesario, seguirán "adoptando (sus) propias medidas para exigir responsabilidades", en alusión a las sanciones impuestas contra una veintena de personas y entidades israelíes por estas violentas acciones.
El Gobierno de Israel anunció el pasado viernes el fin de la emisión de órdenes de detención administrativa contra colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, una controvertida medida aplicada fundamentalmente a palestinos que permite mantener bajo arresto de forma indefinida y sin cargos a personas sospechosas de cargos contra la seguridad.
La violencia en Cisjordania y Jerusalén Este ha aumentado a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los diez meses previos de ese año se había registrado el mayor número de palestinos muertos en estos territorios desde que hay datos recabados por Naciones Unidas.
El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a su legislación nacional.
Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional
