CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bajo la amenaza de una posible postergación de las elecciones y dudas sobre la imparcialidad y fiabilidad del proceso, miles de aspirantes se registraron para los comicios judiciales de 2025 que darán paso a la mayor reestructuración de Poder Judicial de la historia reciente de México.
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El registro de candidatos, que se inició el 5 de noviembre y culminó a la medianoche del domingo, marcó la primera fase del proceso, impulsado por el partido gobernante, que finalizará el 1 de junio del año próximo con la inédita elección de 881 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
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Para 2027 está prevista una segunda consulta en la que se elegirán otros 800 jueces para completar lo previsto en la reforma judicial que se aprobó en septiembre en medio de gran polémica y los cuestionamientos de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que manifestaron inquietud de que los cambios puedan poner en riesgo la independencia judicial.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante Morena y con poca experiencia y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales. Pero los defensores de la reforma sostienen que los cambios permitirán una depuración del Poder Judicial que por años ha sido señalado de estar contaminado de corrupción.
El arranque del proceso estuvo rodeado de incertidumbre por las acciones judiciales que se emprendieron contra la reforma, algunas aún pendientes de decisión, que llevaron a las autoridades electorales a demorar los preparativos e incluso a solicitar al Congreso, de mayoría oficialista, un aplazamiento de la consulta. Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró el lunes confiada en que los comicios judiciales se darán en los tiempos previstos.
El proceso también se vio afectado por las protestas y reclamos contra la reforma que mantuvieron empleados judiciales, jueces y ministros del alto tribunal, algunos de los cuales prefirieron no inscribir sus candidaturas y renunciar para no perder sus beneficios de retiro.
La improvisación también marcó esta fase. Poco antes del cierre del registro los organizadores abrieron nuevas cuentas de correo para que los candidatos pudieran postularse.
Pese a los contratiempos, ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se inscribieron 18.447 personas —muchas de ellas a última hora—, informó el lunes el exministro Arturo Zaldívar, integrante del cuerpo. El Congreso también reportó el registro de 11.904 personas, mientras que el Poder Judicial recibió 3.805 inscripciones. Según explicaron los organizadores es muy posible que algunos aspirantes se hayan anotado en los tres comités a la vez, por lo que habrá que esperar la depuración de las listas para saber cuántos son los candidatos.
Los comités de evaluación de los tres poderes cotejarán y depurarán las listas en las próximas tres semanas para iniciar la fase de evaluación de los aspirantes que culminará a inicios de febrero con la selección de 1.793 candidatos.
En la votación del 1 de junio se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de las salas regionales del máximo tribunal electoral de las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. También se votará por 464 magistrados de los tribunales de circuito y apelación y 386 jueces de distrito.
Entre los requisitos está tener un título de licenciado en Derecho con un promedio general de calificaciones de 8 puntos, al menos cinco años de ejercicio profesional, entrega de ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden la idoneidad. En la reforma los legisladores eliminaron la exigencia de la edad mínima de 35 años.
El inédito proceso electoral atrajo desde jóvenes abogados, activistas y jueces activos hasta ministros de la Suprema Corte.
La académica y expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado norteño de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, no dudó en inscribir su candidatura para ministra de la Suprema Corte y aseguró que el proceso permitirá hacer frente a la “crisis de legitimidad” que padece la justicia mexicana.
“Necesitamos un sistema de justicia que dé resultados”, dijo Martínez Garza a The Associated Press al reconocer que la reforma ayudará a erradicar la corrupción y lograr una justicia más expedita. “Este cambio pues es profundo”.
Luego de dedicar casi 50 años a la docencia y a la defensa de los derechos humanos, ahora la académica, de 70 años, enfrentará el reto de entrar a una contienda electoral inédita para lograr uno de los nueve cargos en la Suprema Corte.
A pesar del optimismo que manifestaron las autoridades por el proceso la elección judicial sigue generando dudas.
Así lo reconoció Sergio Méndez Silva, coordinador de litigio constitucional de la organización humanitaria local Fundación para la Justicia, al advertir que no primó la imparcialidad al conformar los comités de evaluación de los tres poderes, que en algunos casos quedaron integrados por personas afines al oficialismo.
Méndez Silva también expresó dudas sobre la elección de ministros y magistrados y afirmó que ocupar un cargo de juez requiere “trayectorias probadas, experiencias probadas y conocimientos sólidos”. “Uno no elige a un doctor o un médico para una operación por popularidad, lo elige por su conocimiento técnico, por su pericia, por su habilidad... Eso igual aplica para un juez”, sostuvo.
