MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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En concreto, datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) sitúan en 1.052 las víctimas civiles confirmadas en incidentes de este tipo en 2023, lamentando el "aumento significativo" frente a los 390 accidentes registrados en 2022.
"La junta está duplicando el impacto de su uso extensivo de minas terrestres para aplastar la resistencia a nivel nacional", han expresado los relatores especiales sobre Birmania y sobre los derechos de las personas con discapacidad, Tom Andrews y Heba Hagrass respectivamente, advirtiendo de que "esta sombría estadística es solo la superficie de una crisis mayor".
El incremento de las víctimas durante el último año se debe en parte a "violaciones atroces" de las autoridades birmanas como "obligar a los civiles a caminar a través de campos minados delante de las unidades militares", situaciones ante las que los niños son "particularmente vulnerables (...) a menudo incapaces de reconocer sus peligros".
"Además, la colocación indiscriminada de estas armas letales dentro y alrededor de casas, escuelas, patios de recreo y zonas agrícolas, pone a los niños en riesgo constante", han apostillado los expertos en Derechos Humanos, recordando que todas estas acciones son "absolutamente contrarias" a las leyes internacionales.
VÍCTIMAS CRIMINALIZADAS POR LA JUNTA
Desde Naciones Unidas han denunciado además que las víctimas de minas terrestres, en particular los amputados, "se ven obligados a esconderse para evitar el acoso y la detención".
"Los amputados, que ya padecen traumas que alteran sus vidas, están siendo criminalizados por la junta, que asocia la falta de miembros con la actividad de resistencia. La pérdida de una extremidad se considera una prueba de un delito", han detallado Andrews y Hagrass.
En este contexto, la realidad de los afectados y de sus familiares se torna aún más compleja por la escasez de medios y de asistencia sanitaria adecuada.
"Me rompió el corazón hablar con una joven que había perdido una pierna tras pisar una mina terrestre cerca de su casa. Pero me enfurecí cuando su médico me dijo que no tenía esperanzas de conseguir una prótesis porque las fuerzas de la junta estaban bloqueando el acceso a los materiales necesarios para construir una", ha recordado Andrews, instando a los Estados miembro de la ONU a coordinar su actuación "para debilitar la capacidad de la junta militar de dañar a los civiles".
Este informe llega después de que el propio UNICEF revelara la víspera que cerca del 40 por ciento de los 3,4 millones de personas que se encuentran desplazadas a nivel interno en Birmania a causa de la violencia son menores de edad, llamando a tomar medidas inmediatas que garanticen la protección de la infancia en el país asiático.
