MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
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Este listado, que contiene información sobre todas las licencias de vehículos VTC a nivel nacional, se creó en 2021 para facilitar la labor de control de las autoridades sobre los servicios VTC, e incluye datos relativos a la cobertura geográfica y la duración de estas licencias.
Con la incorporación de dichos datos en el registro, los policías locales pueden ver si las licencias VTC nacionales que cuenten con permiso para hacer servicios urbanos continúan en vigor, han caducado o cuentan con algún tipo de prórroga de su vigencia.
Por tanto, se trata de facilitar la labor de control y supervisión de estas licencias por parte de las autoridades locales, lo que garantiza tanto el cumplimiento de la norma como la "adecuada convivencia" con el taxi, aseguran desde el Ministerio.
Aunque el régimen general de concesión de licencias VTC es competencia del Estado, las comunidades autónomas también tienen competencias sobre la gestión y control de las licencias VTC dentro de su territorio, sobre todo en lo relativo a la regulación y control de la actividad a nivel local.
En línea con el marco de la Unión Europea, el Gobierno modificó en 2023 el régimen de autorizaciones VTC de competencia estatal para contribuir a la mejora de la calidad del aire y la adecuada gestión del transporte y el espacio público, y les corresponde a las comunidades autónomas y las entidades locales regular las autorizaciones para la realización del transporte urbano en vehículos de turismo.
La medida establece que se denegará la autorización si, en el momento de la concesión, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio en la autorización, de conformidad con el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Sobre esto, las comunidades autónomas pueden establecer, para las autorizaciones que se domicilien en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire y gestión del transporte, el tráfico y el espacio público en función de lo previsto en el Derecho comunitario.
