CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Nueve organizaciones de Derechos Humanos en Guatemala presentaron un informe el jueves en el que cuestionaron al Ministerio Público, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, por generar injusticia e impunidad, al haber dejado de perseguir delitos comunes como la violencia a las mujeres y por criminalizar a quienes intentan investigar irregularidades.
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Las nueve organizaciones, aglutinadas en un grupo de Convergencia en Derechos Humanos, investigan y denuncian violaciones a los derechos humanos, entre ellas, casos de violencia a mujeres, crímenes contra defensores de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.
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En su informe, indicaron que durante la gestión de Porras ha disminuido en un 30% la obtención de sentencias por delitos cometidos en el país. Además, “un 87% del total de denuncias fueron desestimadas y archivadas, generando impunidad sistémica”, señaló Alejandro Rodríguez, abogado y uno de los integrantes del grupo.
The Associated Press pidió comentarios a la fiscalía al respecto, sin que hubiera respuesta al momento.
El sistema judicial y fiscal de Guatemala ha sido cuestionado por organizaciones y países, a nivel internacional, así como por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien asumió el poder en enero y prometió en campaña luchar contra la impunidad y la criminalización de quienes denuncian irregularidades.
En julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en una visita in loco al país, se pronunció sobre las alegaciones de falta de objetividad “ampliamente difundidas sobre el trabajo del MP" y requirió que el Estado de Guatemala realice "un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos”.
Las organizaciones de la Convergencia urgieron el jueves a que, a través de la ley, se pueda establecer un mecanismo independiente con miras a investigar, juzgar, sancionar y deducir responsabilidades legales ante casos de denegación de justicia por parte de la fiscalía.
Rodríguez recordó que la fiscalía ha dicho que en su gestión llevan más de tres millones de casos resueltos, pero matizó que de estos poco más de 300.000 han tenido salidas efectivas con acusaciones o sentencia. La organización califica de salida efectiva o positiva a los casos en los que hay sentencia condenatoria y el denunciante está satisfecho. Según su registro, solo en el 8,6% de los casos resueltos se da esta situación.
Según las organizaciones, delitos como la violencia a la mujer tienen una resolución del 3,7 % de los casos, lo que consideró que equivale a un 96,3% de impunidad. En delitos contra la vida, se resolvieron un 6% de los procesos, generando impunidad en el otro 94%, mientras que en las extorsiones se resolvieron un 5% de los casos con una impunidad del 95%.
En cuanto a la corrupción, Rodríguez indicó la fiscal Porras hace un uso indebido del Derecho penal y que un total de 118 acusados fueron absueltos y liberados en casos emblemáticos.
La fiscalía tiene a disposición el presupuesto más grande de la historia —3.067 millones de quetzales, casi 400 millones de dólares—, recalcó el abogado, pero "está enfocado en la protección de corruptos y la obstrucción de la justicia”.
Los defensores de derechos humanos explicaron que durante la gestión de Porras ha habido desmantelamiento de fiscalías, uso indebido del Derecho penal, creación de un grupo élite armado, destitución de fiscales que iniciaron investigaciones anticorrupción y justicia transicional —posterior a conflictos—, así como persecución arbitraria.
“La fiscal general ha destruido la capacidad de la institución para cumplir con su mandato, el ejercicio del cargo ha sido altamente insatisfactorio, por lo que debe haber una responsabilidad civil, administrativa y penal”, requirió Rodríguez. Llamó a la creación de un fiscal especial, sin injerencias, que pueda investigar los delitos de Porras.
En paralelo a la presentación del informe, la fiscal general Porras citó el jueves a algunos medios de comunicación a una conferencia de prensa para hablar sobre una invitación que hizo al presidente Arévalo a la sede fiscal. El mandatario guatemalteco no asistió, argumentando que la ley le faculta a él y no a ella a citarla para rendir informes.
Porras alegó que la invitación era una oportunidad para el presidente para poder “platicar sobre temas sobre país, para poder armonizar y lograr lo que el pueblo demanda”.
Arévalo ha pedido la renuncia a Porras en varias ocasiones tras su llegar al poder, así como un reporte de actividades de la fiscalía.
La fiscal general mantiene una arremetida contra miembros del partido de gobierno y contra el propio presidente —a quien ha pedido que le sea retirada su inmunidad en varias ocasiones— en el marco de una investigación por el financiamiento de su partido político. Intentó evitar que él participara como candidato presidencial en segunda vuelta e incluso anular por presunto fraude electoral los comicios, que ganó Arévalo con amplio respaldo popular.
Porras, así como varios de sus fiscales, ha sido sancionada por más de 40 países que le prohíben entrar a sus territorios, señalándola de obstaculizar la lucha anticorrupción y obstruir la democracia en Guatemala.
