CARACAS (AP) — Tras las denuncias de la oposición y los reclamos por los extensos cortes de electricidad y la escasez de combustibles en varias regiones de Venezuela, las autoridades insistieron el lunes en que hay un plan para afectar las instalaciones petroleras y de gas.
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La isla de Margarita, que fue en su momento uno de los principales destinos de turismo del Caribe, sufre hoy recurrentes fallas en el servicio de agua, cortes eléctricos frecuentes y grave escasez de gasolina.
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Las penurias de sus habitantes van a la par con las de pobladores de otras regiones del oriente venezolano, acentuadas con ciclos de apagones de hasta ocho horas diarias, sobre todo tras el incendio registrado en un gasoducto que suministra 80% del gas a Venezuela y que está ubicado en el oriental estado de Monagas, a unos 450 kilómetros al este de Caracas.
En declaraciones a la prensa en el palacio presidencial, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró que se trata de ataques que vienen de “factores extremistas” locales e internacionales que “buscan atentar contra el desarrollo económico” y que pretendían “privar (a Venezuela) de servicios esenciales" como electricidad, combustible y gas.
Rodríguez, quien además es ministra de Petróleo, indicó el lunes que 11 personas presuntamente vinculadas a “estos actos criminales, han sido privados de libertad y están bajo investigación".
Aseguró que entre los sospechosos hay un extranjero —aunque no precisó su nacionalidad— que habría abandonado el país el mismo día que realizó una “maniobra dolosa” que, según ella, causó el 11 de noviembre la explosión y posterior incendio de un gasoducto de 26 pulgadas del Complejo Operativo Muscar, en Monagas.
Al menos cinco trabajadores resultaron heridos tras la explosión, que provocó el racionamiento de electricidad más severo en varias regiones del país, incluida la isla de Margarita.
“Hemos tenido planes de contingencia para garantizar la afectación mínima en el sistema eléctrico derivado de este ataque al centro Muscar”, añadió Rodríguez.
Un día antes, el 10 de noviembre, en el estado occidental de Zulia, desconocidos lanzaron una granada a una estación de bombeo en un campo de producción de petróleo y de gas, añadió la vicepresidenta. El objetivo habría sido interrumpir el suministro de crudo y gas hacia el Centro de Refinación Paraguaná, que incluye las refinerías de Amuay, Cardón y Bajo Grande, en el vecino estado Falcón.
En conjunto, las refinerías —que los últimos años han sufrido una drástica reducción en su producción— tienen una capacidad instalada de unos 955.000 barriles de crudo al día.
Rodríguez también reportó al menos otros dos incidentes, incluido un incendio en el complejo de mejora de crudo pesado de la empresa estatal PetroCedeño, en el oriente de Venezuela.
La vicepresidenta señaló que los ataques buscaban afectar el suministro de “materia prima de las termoeléctricas", la producción petrolera, la producción petroquímica y "afectar la producción de las empresas básicas (mineras y siderúrgicas).
“Afortunadamente, tenemos reservas, tenemos inventarios para atender esta contingencia”, aseveró.
La funcionaria añadió que los ataques tuvieron un impacto económico estimado en 246,9 millones de dólares, de los cuales 157,8 millones de dólares son en el sector petrolero y de gas. Eso “sin contar el impacto que ha tenido en el transporte y los sectores industriales del país”.
El sábado, Jorge Márquez, ministro de Energía Eléctrica, ya atribuyó la suspensión de gas a un “ataque terrorista”, del que señaló como responsable a la opositora María Corina Machado, sin presentar pruebas de la acusación.
En Venezuela, las fallas e incidentes en las instalaciones petroleras y la red eléctrica son frecuentes. Las autoridades suelen atribuir esas afectaciones a planes conspirativos que buscan desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin ofrecer pruebas. Sus adversarios rechazan las acusaciones.
Los críticos del gobierno señalan que el declive de la industria petrolera y los siniestros se deben principalmente a la mala gestión y la corrupción en PDVSA durante las administraciones de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro
