CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció el jueves que condena al Estado guatemalteco por la desaparición de cuatro indígenas y campesinos defensores de derechos humanos en 1989 a manos de militares que, tras secuestrarlos, los desaparecieron.
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Con sede en Costa Rica, la Corte reconoce en su fallo que los indígenas fueron “víctimas de desaparición forzada por parte de miembros del ejército guatemalteco” y que el Estado no investigó, juzgó ni sancionó a los posibles agresores. Además, cuestiona que nunca “fue diligente en buscar y dar con el paradero de las víctimas”.
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La condena ordena a Guatemala realizar las acciones que sean necesarias para investigar lo que le sucedió a las víctimas, identificar, juzgar y sancionar a sus agresores.
El caso se refiere a la desaparición de los Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, quienes “en el marco del conflicto armado interno, fueron amenazados y perseguidos por agentes de seguridad del Estado” por su trabajo en defensa de derechos humanos, dijo la Corte.
Los hechos ocurrieron en abril de 1989, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el primer gobierno civil luego de décadas de gobiernos militares que llegaron al poder a través de golpes de Estado y en el marco de una sangrienta guerra civil de 36 años.
Según familiares de las víctimas, los cuatro eran miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), en el departamento de Quiché, al occidente del país, y organizaban e informaban a las comunidades en temas de derechos humanos. Entonces empezaron a ser víctimas de acoso y amenazas, por lo que decidieron trasladarse a trabajar a otro departamento del país.
Viajaron a Suchitepéquez, al sur, para trabajar en una finca de café. Pero en las primeras semanas de abril de ese año, dos de ellos fueron detenidos. Una semana después, los otros dos, por miembros del ejército que los sacaron de las barracas donde dormían, en ropa interior, según testificaron sus familiares ante la Corte. Nunca más supieron de ellos.
Amilcar Méndez, entonces presidente de CERJ, inició una búsqueda de los defensores. “Pero nadie nos ayudó a encontrarlos, hablé con el presidente Cerezo, con el siguiente presidente Jorge Serrano Elías y nadie nos ayudó”, dijo Méndez.
La Corte IDH ordenó al país realizar una búsqueda “seria” para determinar el paradero de las víctimas e implementar un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, incluso para aquellas del conflicto armado interno entre 1960-1996.
El Estado deberá, además, dar un resarcimiento monetario a las víctimas, brindar tratamiento psicológico a sus familiares y organizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad por los hechos.
“Lo más importante es que esto es un mensaje claro para la élite militar que ha desbaratado la justicia haciendo toda clase de maniobras para que en Guatemala impere la impunidad y es un mensaje para el sistema de justicia, que ha sido complaciente con los violadores de derechos humanos de los 36 años de conflicto armado”, dijo Méndez tras la sentencia.
“Aquí también hay un mensaje para los jueces de la impunidad, que aquí no hay justicia pero internacionalmente sí hay y, para el presidente Bernardo Arévalo, llegó la hora de que cumpla con el Acuerdo de Identidad y derechos de pueblos indígenas, porque se les ha negado históricamente sus derechos”, dijo Méndez.
El Estado deberá crear una política pública que garantice la adecuada gestión de desclasificación de archivos de las fuerzas de seguridad, relacionadas al conflicto, para conocer la verdad de lo sucedido.
La Corte fijó un año para evaluar el cumplimiento de su sentencia.
Guatemala vivió una guerra civil entre el ejército y la guerrilla que se saldó con más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según un informe de la verdad de Naciones Unidas.
