SANTIAGO (AP) — El gobierno de Chile calificó el miércoles de "alta prioridad” la extradición de una exagente del régimen de Augusto Pinochet acusada de secuestro y graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, quien se encuentra en Australia en plena batalla judicial para evitar ser enviada al país sudamericano.
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Adriana Rivas, de 70 años, es buscada y acusada en Chile de cometer “graves violaciones de derechos humanos” durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1990), cuando trabajaba como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) —la policía secreta creada por la dictadura en 1974 y que se dedicaba a la represión de los partidos políticos de izquierda y de las organizaciones sociales—.
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“Nuestro país le asigna una alta prioridad a la extradición de la señora Rivas, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, expresó en un comunicado la cancillería chilena.
Chile solicitó formalmente a Australia la extradición de Rivas en 2018 y, cuatro años después, la Corte Suprema del país oceánico rechazó el último recurso interpuesto por la exagente y ratificó un fallo que autorizaba su envío a su país natal. En agosto, el fiscal general australiano, Mark Dreyfus, aceptó la extradición, aunque no precisó una fecha para concretarla.
Sin embargo, el caso podría sufrir un revés este jueves, cuando la justicia australiana celebrará una audiencia para revisar la decisión emitida hace más de dos años después de una maniobra de la defensa de Rivas que pidió a la Corte Federal de Australia reexaminar su caso.
En ese sentido, la cancillería chilena agregó que acompaña de cerca la evolución del proceso e hizo hincapié en "la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena”.
“Valoramos la decisión del gobierno de Australia, el pasado mes de agosto, de conceder la extradición de la señora Rivas a objeto que retorne a Chile y enfrente los cargos por los que ha sido imputada”, expresó la cartera en la nota.
Por más de tres años la exagente ha librado una batalla legal en el ultramar para evitar su regreso a Chile por el presunto secuestro de siete personas en 1976 y 1977, incluyendo el entonces líder del Partido Comunista, Víctor Díaz, y otras seis personas, entre ellas Reinalda Pereira, quien también militaba en la formación y estaba embarazada de seis meses cuando fue detenida.
Rivas trabajaba como asistente de Manuel Contreras, el director de la temida DINA, pero niega haber conocido a las presuntas víctimas, cuyos cadáveres nunca han sido encontrados.
Rivas se mudó a Australia en 1978 y fue detenida en Chile durante una visita familiar en 2006. Quedó libre tras algunos meses en libertad condicional y volvió a huir a Australia en 2009.
Vivía tranquilamente en el adinerado suburbio de Bondi, en el este de Sídney, donde trabajaba como niñera y empleada de limpieza a tiempo parcial, hasta que fue arrestada y sigue recluida desde febrero de 2019 bajo una orden de extradición de la Corte Suprema de Chile.
Si se concretara, sería la primera persona extraditada desde Australia a Chile.
“El gobierno de Chile espera que este caso, el cual se ha extendido ya por muchos años, sea resuelto a la brevedad posible a los efectos de dar una debida y oportuna respuesta a los familiares de las víctimas en su demanda por justicia”, finalizó la cancillería en su comunicado.
Durante la cruenta dictadura de Pinochet se registraron 40.179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad. Unos 200.000 ciudadanos se exiliaron y 28.000 opositores fueron torturados.
