QUITO (AP) — El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador impuso el martes una sanción de 8.500 dólares a la vicepresidenta Verónica Abad, atendiendo una denuncia en su contra por efectuar campaña electoral anticipada cuando era candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.
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Ivonne Coloma, jueza de ese organismo —el más alto del país para resolver controversias electorales— señaló que, realizado el análisis correspondiente, determinó "que quedó probado que la denunciada efectuó actos de campaña anticipada en sus redes sociales”, por lo cual aceptó la denuncia e impuso “una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados (8.500 dólares)".
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En la sentencia también se argumenta que la infracción electoral del año 2023 está tipificada en las leyes electorales de Ecuador.
Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, presentó en mayo la demanda, una de cuyas posibles sanciones era la pérdida de derechos políticos de Abad. Ello pudo haber implicado el cese de sus funciones en la vicepresidencia, cosa que no ocurrió.
El destino de Abad tiene especial importancia para el presidente Daniel Noboa, que aspira a ser reelegido, lo que implica que tendrá que alejarse temporalmente de sus funciones para hacer campaña en 2025 y encargar el poder. De acuerdo con la Constitución, Abad debería asumir la presidencia, pero es evidente que entre los dos hay un distanciamiento.
La relación entre el presidente y la vicepresidenta está fracturada desde la campaña electoral, sin que los motivos estén claros. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras que Abad asegura que el gobierno de Noboa busca presionarla para que renuncie.
En medio de las disputas, a mediados de junio la Asamblea negó la autorización solicitada por una jueza para enjuiciar penalmente a Abad, que tiene fuero, y a quien la Fiscalía pidió vincular en una investigación, la cual involucra a su hijo en un caso en que se le acusa de solicitar dinero a una persona a cambio de darle un cargo en la vicepresidencia.
Por este mismo caso, Francisco Barreiro, hijo de la funcionaria, estuvo detenido desde el 21 de marzo durante cerca de 45 días en una prisión de máxima seguridad, de donde salió luego de pagar 20.000 dólares de fianza.
Más tarde, la vicepresidenta acusó a Noboa y a otros funcionarios del gobierno de violencia política de género, pero la acusación no prosperó.
