SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó el martes la 32da prórroga al régimen de excepción, una de las políticas de mano dura del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, a las que se les atribuye la mayoría de los crímenes en la nación centroamericana.
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La excepción estará en vigor por otros 30 días en todo el país a partir del 7 de noviembre. Fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se abstuvieron. La diputada del partido VAMOS votó en contra.
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Esta es la tercera prórroga desde que Bukele planteó la posibilidad de prescindir de la medida a corto plazo, según él, por los logros alcanzados en la reducción de asesinatos.
El gabinete de seguridad del gobierno de Bukele pidió al Congreso aprobar la nueva prórroga por considerar que si bien es cierto que las medidas extraordinarias han ayudado a la reducción del número de homicidios y la captura de más de 83.100 presuntos pandilleros “aún existen —afirma— grupos terroristas que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
El estado de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 —un día después de que se registraron 62 homicidios en un lapso de 24 horas— suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o tener acceso a un abogado. Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
La medida, de naturaleza temporal, lleva más de dos años y medio en vigor y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por organismos y activistas de derechos humanos, los cuales han registrado más de 6.000 denuncias presentadas por las víctimas y dicen haber documentado la muerte de 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.
