AGUA CLARA, Brasil (AP) — Un acuerdo histórico que ha ayudado a frenar la deforestación en la Amazonía de Brasil durante casi dos décadas sufrió un duro golpe después de que Mato Grosso, el estado que más soya produce en el país, aprobara una ley que elimina los incentivos para las empresas procesadoras y comerciales participantes.
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La ley, aprobada la semana pasada, fue diseñada para anular la Moratoria de la Soya, un acuerdo de 2006 en respuesta a una investigación del grupo ambientalista Greenpeace que vinculaba la soya producida en áreas desforestadas ilegalmente con gigantes estadounidenses de las materias primas como Cargill, Bunge y ADM. Bajo presión, en esa época las empresas acordaron no comprar soya producida en áreas taladas después de 2006. Posteriormente la fecha fue revisada a julio de 2008.
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Varios estudios en años recientes han mostrado que la moratoria contribuyó a la preservación de la Amazonía. Un estudio de 2020 en la revista Nature Food encontró que el acuerdo, en combinación con políticas públicas, contribuyó a la reducción más pronunciada de la deforestación registrada en la Amazonía de Brasil entre 2003 y 2016.
Respaldada por productores de soya y la mayoría de los legisladores y alcaldes de Mato Grosso, la nueva legislación recorta beneficios fiscales a las empresas que participen en cualquier acuerdo que imponga restricciones a la expansión de actividades agrícolas a áreas que pueden ser deforestadas legalmente. El gobernador Mauro Mendes promulgó la ley el 24 de octubre. Entrará en vigor el 1 de enero de 2025, pero aún están pendientes las reglamentaciones.
La ley establece que sólo al área deforestada ilegalmente en una granja se le impedirá vender soya. En otras palabras, si una propiedad de 1.618 hectáreas (4.000 acres) tala 81 hectáreas (200 acres) ilegalmente, sólo la producción de esa área específica quedará bloqueada. Los especialistas advierten que tal monitoreo refinado es un reto técnico, si no es que inviable.
Bajo la moratoria, cualquier propiedad con deforestación posterior a 2008 tiene totalmente prohibido vender sus cultivos, independientemente de si la deforestación es legal.
Los partidarios de la nueva ley estatal dicen desde hace tiempo que el límite de 2008 en la moratoria es más estricto que la legislación brasileña que permite la deforestación de hasta el 20% de una propiedad rural de gran tamaño en la Amazonía.
“No descansaremos mientras la moratoria perjudique aunque sea a un solo productor”, dijo en un comunicado celebratorio Lucas Costa Beber, presidente de los productores de soya de Mato Grosso. “Y hasta que este acuerdo se extinga, las empresas comerciales no dormirán en paz”.
Organizaciones ambientalistas sin fines de lucro y la entidad que representa a las principales empresas comerciales y procesadoras de soya han criticado la iniciativa de Mato Grosso.
“La ley es un retroceso”, dijo Bernardo Pires, director de sostenibilidad de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), que apoya la moratoria. “Las empresas comprometidas con la sostenibilidad deberían recibir el doble de beneficios en lugar de perderlos”.
Los miembros de Abiove, que incluyen a Cargill, Bunge y ADM, compran más del 90% de la producción de soya de Mato Grosso. Los beneficios fiscales estatales ascienden a 308 millones de dólares al año.
Pires dijo que la política de deforestación cero de la moratoria es una exigencia del mercado. “Nuestros clientes europeos exigen no consumir ningún producto vinculado con la deforestación”, afirmó.
Cristiane Mazzetti, coordinadora de la campaña de bosques en Greenpeace Brasil, dijo que la ley revela un doble rasero entre los políticos vinculados a la industria agropecuaria, quienes se oponen a la moratoria por considerarla innecesaria, pero a la vez buscan debilitar estas mismas protecciones ambientales.
La nueva ley provocó reacciones mixtas dentro del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha prometido deforestación cero para 2030.
André Lima, secretario de control de la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, dijo que, aunque los gobiernos estatales tienen derecho a elegir qué actividades económicas quieren apoyar, es inconstitucional retirarles incentivos fiscales a las empresas que han adoptado criterios de sostenibilidad y clima que están alineados con los objetivos de reducción de la deforestación de Brasil.
“Además, va en contra de las directrices de la reforma tributaria nacional, que han incorporado el desarrollo sostenible para que sea un criterio importante con el fin de promover más y nuevos incentivos fiscales para la economía verde”, dijo a The Associated Press.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, elogió la ley. “El proyecto (la moratoria) es más estricto que la ley, y esto crea una insatisfacción legítima entre los productores”, dijo a periodistas en un evento la semana pasada.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
