CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México acaba de blindar los cambios constitucionales que realiza su parlamento para que no puedan ser impugnados ante los tribunales, una iniciativa que ha elevado el malestar y la controversia entre el oficialismo y sus críticos y multiplica la incertidumbre sobre la separación de poderes en el país.
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La reforma entra en vigor este viernes después de ser ratificada por los congresos locales y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum en un tiempo récord, como está pasando con el resto de cambios que desde hace dos meses están reconfigurando el estado mexicano.
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Su principal objetivo, reconocido por el gobierno, era desestimar los recursos que se habían interpuesto contra la reestructuración del Poder Judicial, que hará que los jueces sean elegidos por voto popular y, según sus críticos, politizará la justicia y pondrá en peligro el estado de Derecho.
Estas son algunas claves para entender su alcance.
Hasta ahora, las adiciones o reformas a la Constitución podían ser cuestionadas por los legisladores mediante “acciones de inconstitucionalidad” o por los estados a través de “controversias constitucionales”. Esto ahora queda prohibido.
Los particulares no podían hacerlo pero la ley dejaba abierta una posibilidad para impugnar la forma, no el fondo, de una reforma (algún detalle técnico o de cómo se aprobó) y existe un precedente al respecto, explicó Rafael Estrada Michel, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con la Constitución vigente desde este viernes podría haber situaciones tan extrañas como que, cualquier partido (actual o futuro) que tenga más de dos tercios de los parlamentarios pueda aprobar cualquier cosa, desde que México sea una monarquía a cualquier vulneración de derechos, explicó Georgina de la Fuente, politóloga integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.
Porque la reforma del Poder Judicial, en vigor desde septiembre y que algunos comentaristas mexicanos ya llaman “la madre de todas las reformas”, había sido cuestionada con numerosos recursos judiciales, parte de los cuales consideraron que se violó el debido trámite de discusión parlamentaria por haberse aprobado de manera acelerada.
El gobierno de Morena —el partido de Sheinbaum y de su predecesor Andrés Manuel López Obrador— quiso parar esas impugnaciones y por eso la reforma incluye un apartado para que sus efectos tengan efecto retroactivo. La mandataria incluso dijo que iba a denunciar a una jueza que le pedía anular el decreto de entrada en vigor de los cambios a la judicatura.
Según la presidenta, el pueblo votó a favor de esas modificaciones al elegirla a ella en las elecciones de junio y los jueces no podrán pararla pasando por encima de la voluntad popular.
La Suprema Corte de Justicia había recibido diversos recursos a la reforma judicial y tiene pendiente pronunciarse, algo que previsiblemente hará la próxima semana.
Según Estrada, el alto tribunal podría considerar que no se ve afectado por el efecto retroactivo del blindaje porque este no se incluyó en el texto de la Constitución sino en un artículo transitorio. Pero todavía se desconoce cuál será su argumentación y, pase lo que pase, no parece fácil que haya entendimiento.
Queda abierto el camino de recurrir las reformas más polémicas en tribunales internacionales con el argumento de que se pueden violar derechos reconocidos y suscritos por México en las convenciones que ha firmado pero este camino es muy largo.
Mientras tanto, el proceso para elegir los jueces en las urnas avanza aunque más de 800 magistrados han dicho que no participarán en la primera fase de las elecciones prevista para junio de 2025 por lo que dejarán sus cargos antes de esa fecha. Entre ellos están ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte.
En un informe técnico enviado al alto tribunal antes de la reforma del blindaje y en referencia a los cambios en el Poder Judicial y en las Fuerzas Armadas —a las que se ha dado más poder— , 50 juristas mexicanos y de otros países recuerdan que la práctica comparada demuestra que hay vías para revisar los textos constitucionales para distinguir los cambios regulares de los “abusivos o espurios”.
Estrada, el académico de la UNAM y la Escuela Libre de Derecho, dice que en algunos países como Francia hay responsabilidad si el legislador provoca daños con sus reformas constitucionales y que algunas constituciones locales estadounidenses se han visto sometidas a control por violaciones a sus propios valores.
