BUENOS AIRES (AP) — El expresidente argentino Alberto Fernández deberá comparecer ante un juez por presuntas irregularidades durante su gestión, entre 2019 y 2023, en la contratación de servicios de seguros para el sector público y que habrían supuesto 20 millones de dólares en comisiones.
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El juez federal Julián Ercolini citó este viernes a Fernández para el 20 de noviembre en los tribunales de Buenos Aires. Es la primera notificación judicial de este tipo que recibe el exmandatario de centro-izquierda desde que dejó el poder.
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Fernández no se ha pronunciado sobre la orden judicial.
Además del caso de los seguros, Fernández enfrenta otra causa por presunta violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez.
La decisión de Ercolini, que también citó a otras 38 personas involucradas, se tomó ocho meses después de que el fiscal federal Ramiro González imputara a Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Este caso derivó de una denuncia por operaciones poco transparentes de la compañía estatal Nación Seguros, que incluyó el pago de comisiones a allegados del exmandatario por encima del valor de mercado.
El fiscal estimaba entonces que el costo en comisiones por seguros al sector público había sido de 20.000 millones de pesos anuales, equivalentes a 20 millones de dólares.
La hipótesis de la justicia es que Fernández y los otros acusados intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y funcional” durante todo su mandato, "en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”, según la resolución del juez.
El exmandatario firmó en 2021 un decreto por el cual impuso al sector público la obligación de contratar servicios de seguros de forma exclusiva a “Nación Seguros S.A”, dependiente del estatal Banco Nación. Al frente de la aseguradora estaba Alberto Pagliano, un amigo del entonces presidente.
Según la denuncia, presentada por una abogada particular y dirigente del partido minoritario Coalición Cívica, “se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y brokers (intermediarios) en operaciones poco transparentes”.
Uno de los intermediarios más beneficiados fue Héctor Martínez Sosa, de la firma Bachiller S.A., quien además es el esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.
El juez Ercolini también citó este viernes a Pagliano, Sosa y Canter para los próximos días.
