SANTA ANA, California, EE.UU. (AP) — Los votantes decidirán si Santa Ana —una localidad de aproximadamente 310.000 habitantes en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles— podría convertirse en la primera entidad de California en permitir que las personas que no cuentan con la nacionalidad estadounidense voten en elecciones locales en virtud de una medida electoral este noviembre.
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Es ilegal que las personas que no cuentan con la nacionalidad estadounidense voten en elecciones presidenciales o de otros cargos federales, y no hay indicios de un fraude electoral generalizado, aunque los republicanos han convertido el espectro de los inmigrantes votando ilegalmente en Estados Unidos en un punto crítico importante. Argumentan que es necesaria una legislación para proteger la santidad del voto.
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Sin embargo, un creciente número de comunidades de todo Estados Unidos están aprobando leyes que permiten a los residentes legales que no tienen la nacionalidad estadounidense votar en elecciones locales como las de consejos municipales y alcaldías. Los partidarios dicen que es justo ya que viven en las comunidades y pagan impuestos.
Otros estados con municipios que permiten votar a residentes sin nacionalidad incluyen Maryland, Vermont y, recientemente, Washington D.C. La ciudad de Nueva York otorgó derechos de voto locales a no ciudadanos en 2022, pero un juez estatal anuló la ley meses después y detuvo su implementación. La ciudad está ahora en proceso de apelar la decisión.
“Ha sido una tributación sin representación”, dijo el concejal de Santa Ana, Benjamin Vazquez. “Casi un tercio de la ciudad no tiene voz en cómo se administra el gobierno”.
Los residentes de Santa Ana que no cuentan con la nacionalidad contribuyen con aproximadamente 117 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año, según una estimación del Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice. Muchos son migrantes mexicanos y centroamericanos.
La medida haría que 70.000 de ellos fueran elegibles para votar, dijo Vazquez. El condado de Orange fue una vez un bastión del conservadurismo, pero los cambios demográficos han impulsado un cambio hacia la izquierda. Sin embargo, los republicanos todavía tienen un control firme en términos de poder político local.
Los detalles se resolverían si se aprueba, dicen los concejales, pero los nuevos votantes podrían incluir a residentes permanentes, titulares de visas, refugiados e inmigrantes sin estatus legal.
James Lacy, abogado y presidente de la fundación sin fines de lucro U.S. Justice Foundation, presentó una demanda impugnando el lenguaje de la medida electoral, diciendo que estaba sesgado a favor de su aprobación. Un juez del Tribunal Superior del condado de Orange falló a favor de Lacy y ordenó que se cambiara la redacción.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
