CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La más reciente reforma constitucional propuesta por el oficialismo mexicano, que ya avanza en el Congreso, supone una vuelta de tuerca más a los cambios a la Carta Magna ya aprobados o en trámite que permitiría a los parlamentarios cambiar la Constitución sin que ningún tribunal pueda oponerse a ello.
La iniciativa, que previsiblemente se votará el jueves por la noche en el Senado y la próxima semana en la Cámara de Diputados, aspira a proclamar la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, lo que blindaría de cualquier acción judicial a todo el paquete de más de 20 cambios, incluida la controvertida reestructuración del Poder Judicial.
Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum que arrasó en las elecciones de junio, tiene mayoría cualificada en las dos cámaras del Congreso —aunque en el Senado fue gracias al polémico cambio de bando de un opositor— con lo que no se anticipan complicaciones para conseguir los votos necesarios.
Expertos y académicos ya alzaron la voz de alarma.
“Si todo esto sale adelante, se podrían violar derechos básicos desde el texto constitucional”, alertó Rafael Estrada Michel, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Nacional Autónoma de México. “Teniendo mayoría cualificada podrán reformar la Constitución a total placer”.
La propuesta surgió tras la multiplicación de recursos judiciales contra la reforma a la judicatura que permitirá la elección de jueces por voto popular. Según el gobierno actual y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, eso acabará con la corrupción y mejorará la justicia. Según sus críticos, la politizará y pondrá en riesgo principios básicos del Estado de Derecho.
La primera idea de Morena era cambiar el artículo primero de la Carta Magna para ponerla por encima de la convenciones internacionales firmadas por México y que garantizan derechos y libertades fundamentales, lo que escandalizó a organizaciones, a partidos de la oposición e incluso generó reticencias dentro del oficialismo.
La iniciativa fue suavizada en ese punto durante su trámite en el Senado —lo anunció la propia presidenta— pero mantiene que, en caso de adiciones o reformas a la Constitución, son improcedentes las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos, es decir, los tres mecanismos que existen para revisar actos de poder dependiendo de si proceden de legisladores, estados o particulares.
Además, el texto propuesto tiene un artículo transitorio que aspira a que el cambio tenga efecto retroactivo, algo cuestionado jurídicamente y que afectaría a las decenas de recursos que existen actualmente contra la reforma al Poder Judicial.
”Estamos en una crisis constitucional sin precedentes, muy grave”, dijo Georgina de la Fuente, politóloga integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.
En su opinión, esta propuesta, y muchas otras lanzadas por Morena —como la que dio más poder al ejército o la que aspira a eliminar organismos autónomos como el de transparencia—, “revela una intención muy marcada por parte del oficialismo por concentrar poder y eliminar cualquier mecanismo (de) controles a este poder”.
Sheinbaum lo niega. Asegura que todo el paquete de reformas constitucionales aspira a garantizar derechos de los mexicanos frente a futuros gobierno y en el caso de esta última dice que solo eleva a rango constitucional lo que ya está en otras leyes menores.
Según explicó el profesor Estrada, es cierto que la actual ley de amparo ya dice que no se puede impugnar el fondo de las reformas a la Constitución — lo que a su juicio es debatible— pero deja una puerta abierta a que se impugne la forma, es decir, los procesos de aprobación de tales reformas.
Hay precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia entendió así la norma, recordó el académico. Parte de los recursos presentados contra la reforma judicial han ido por esta vía porque consideran que se violó el debido trámite de discusión parlamentaria, ya que todo fue aprobado de manera acelerada. Algunos están en la Suprema Corte de Justicia aunque ésta todavía no se ha pronunciado al respecto y el gobierno insiste en que la reforma judicial es imparable.
El problema, según los expertos jurídicos, es que cada vez es más complicado responder a las acciones del Poder Legislativo o del Ejecutivo y la crispación aumenta con parte de los trabajadores del poder judicial en paro, tensión política, decisiones contradictorias entre distintas instituciones y mucha incertidumbre entre ciudadanos, inversores y países socios de México.
“El balance global es que no sabemos quién está utilizando los instrumentos del Estado de derecho para vulnerar el Estado de derecho”, dijo Estrada, porque los tres poderes del Estado están llevando a cabo acciones contrarias al orden jurídico.
A futuro, al margen del largo camino de poder recurrir las reformas en tribunales internacionales, solo queda el diálogo o que todo acabe imponiéndose por la fuerza, advirtió el académico. “Y a nadie le conviene una reforma judicial tan mal hecha, tampoco a las inversiones".