SAN ANDRÉS LARRÁINZAR, México (AP) — Más de mil personas rindieron homenaje el lunes en su pueblo natal al padre Marcelo Pérez, el sacerdote católico, defensor de los indígenas y campesinos asesinado la víspera al término de una misa en el sureño estado mexicano de Chiapas.
Aunque llevaba casi una década sufriendo amenazas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México desde 2015 medidas de protección, Pérez fue tiroteado el domingo por la mañana en San Cristóbal de las Casas, por dos individuos en una motocicleta que dispararon a su vehículo.
La multitud que quiso despedirse del sacerdote era tan numerosa que no cabía en la iglesia de San Andrés Larráinzar —un pequeño pueblo en las montañas, a 50 km de donde fue asesinado— y la misa bilingüe, en tsotsil y español, tuvo que celebrarse en el parque central. El entierro tendrá lugar el martes.
El padre Marcelo Pérez, de 50 años, era un indígena tsotsil reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y actos de violencia del crimen organizado. Nunca dudó en criticar la falta de acción de las autoridades. En 2016, fue el traductor del papa Francisco durante su visita a Chiapas, cuando el pontífice oficializó el uso de lenguas indígenas en las misas.
El lunes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estaba en contacto con el gobernador Rutilio Escandón —también del partido oficialista Morena— para analizar si la fiscalía federal debe atraer la investigación y agregó que el gobierno está coordinando también con las autoridades eclesiásticas “para avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”.
Según explicó, en Chiapas se está trabajando tanto en una intervención social como con labores de inteligencia. Pero, de momento, la violencia no ha dejado de crecer en el estado más pobre de México, al igual que ocurre en otros puntos del país.
Desde la Iglesia Católica, el llamado fue contundente. “Esperamos que haya una decidida actuación para restablecer la paz en el país y desde luego en Chiapas”, dijo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar.
Aguilar y el cardenal Felipe Arizmendi, quien ordenó sacerdote a Pérez hace 22 años, hablaron con la prensa tras la misa, mientras amigos y seguidores del religioso se acercaban al féretro abierto a rendirle respetos, entre música y muchas lágrimas.
“Esto es un reflejo de todo el país... que no digan que México está bien, por favor", afirmó el cardenal. "Esta estrategia no ha funcionado”, agregó en referencia a la política de seguridad del gobierno.
Pidió también a las autoridades “que vean la forma inteligente de desarmar a esos grupos armados aquí y allá, que no estén esperando a que la gente haga denuncias; la gente no va a hacer denuncias porque se juegan la vida", dijo el cardenal.
La ONU, la CIDH y numerosos colectivos de derechos humanos, exigieron una investigación independiente y exhaustiva del homicidio. La Iglesia Católica, en un nuevo comunicado, pidió llegar no solo a los autores materiales del asesinato sino a los intelectuales e instó a que termine la criminalización de sacerdotes y defensores de derechos humanos.
Entre los discursos más emotivos tras la misa, destacó el del colectivo Las Abejas, pronunciado por Sebastian Pérez Vázquez, un superviviente de la masacre del pueblo de Acteal, ocurrida en 1997, en la que fueron asesinados 45 indígenas dentro la iglesia.
Pérez Vázquez recordó que el sacerdote les decía que no podía permitirse tener miedo de la amenazas porque había que seguir trabajando por la justicia y la paz. Además, calificó de “vergonzoso" que el gobierno no pudiera protegerle.
“El gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra”, denunció también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las ONG locales más reconocidas nacional e internacionalmente. “Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala y todos el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
El padre Pérez y la Iglesia católica de la zona no cesaron en denunciar el incremento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las fuerzas armadas. En julio, más de 500 mexicanos huyeron a refugiarse en Guatemala por este motivo.
"Chiapas es una bomba de tiempo”, dijo Pérez hace poco más de un mes en una de las últimas manifestaciones por la paz organizada para exigir acciones a las autoridades.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que Pérez es el séptimo defensor de derechos humanos asesinado en México lo que va de 2024.