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Estudio: Grupos armados obstaculizan la lucha contra la deforestación en Colombia

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Manifestantes indígenas se suman a una protesta a las afueras de la embajada brasileña en Colombia para exigir al gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro que tome medidas para proteger la selva amazónica, el 23 de agosto de 2019, en Bogotá. AP (Ivan Valencia/AP)

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BOGOTÁ (AP) — Grupos armados que operan en la Amazonía colombiana han afianzado su control en la región, lo que obstaculiza las labores del gobierno para combatir la deforestación, de acuerdo con el análisis de un grupo de expertos dado a conocer el jueves.

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Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocidos como Estado Mayor Central (EMC), tienen la capacidad de frenar o acelerar la deforestación a su voluntad, de acuerdo con el informe de The International Crisis Group.

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Algunos exintegrantes de las FARC nunca suscribieron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016. Otros lo firmaron pero retomaron las armas, y otros más son nuevos elementos de la disidencia que tomaron las armas de forma voluntaria o fueron obligados a hacerlo, dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

El EMC conforma actualmente el tercer grupo armado más grande de Colombia, con alrededor de 3.500 integrantes.

“Este grupo es el responsable más directo de la deforestación en los últimos 5 años”, declaró Botero. “Se han perdido más de medio millón de hectáreas en sus zonas de control".

“En el último año”, explicó, “han dado órdenes a la población para suspender la deforestación, pero este año nuevamente lo han estimulado”.

Más del 40% del territorio colombiano se encuentra en la Amazonía, una superficie equivalente al tamaño de España. El país alberga al mayor número de especies de aves a nivel mundial. El 15% de la Amazonía colombiana ya fue deforestada, según la FCDS.

Buena parte de la plataforma de gobierno del presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, se basa en su agenda ambiental y sus esfuerzos de paz, señaló Bram Ebus, investigador de Crisis Group y coautor del estudio, en declaraciones a The Associated Press.

“Sin embargo, debido a que los recursos naturales de Colombia siguen sufriendo de los impactos severos de las dinámicas del conflicto y de las actividades económicas que estimulan la violencia, su legado político está en riesgo”, declaró Ebus.

El Ministerio de Ambiente de Colombia indicó el jueves en un comunicado que salvar la selva amazónica ha sido una de las máximas prioridades de Petro y que el gobierno ha alcanzado una reducción histórica del 61% de deforestación en los últimos dos años.

Aunque dijo que reconoce “las dificultades con las dinámicas de la paz en el territorio y los actores armados”, el ministerio señaló quiere construir un modelo de desarrollo forestal que beneficie a las comunidades amazónicas, recupere el bosque y ponga fin a la deforestación ilegal.

Gobiernos anteriores optaron por imponer sanciones a las comunidades de la Amazonía que eran cómplices de deforestación, mientras que Petro ofrece incentivos, propone la distribución de ayuda financiera para la conservación de los bosques y promueve la sostenibilidad, indicó Ebus.

“Sin embargo, la falta de control territorial obstaculiza la implementación de estos proyectos, ya que los grupos armados dominan la región, a menudo evitando que las comunidades se beneficien de las iniciativas financiadas por el gobierno”, puntualizó.

El EMC es capaz de imponer su dominio sobre los bosques a través de la coerción armada, indicó Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group y coautora del estudio. Añadió que, a finales de 2022 y en marzo de 2023, los comandantes locales ordenaron a las comunidades que pusieran fin a la tala.

“Cualquiera que incurriera en actividades de tala sería objeto de multas, labores comunitarias forzadas o incluso la expulsión de la comunidad”, dijo Dickinson.

Pero el EMC levantó las restricciones hace unos meses con el fin de incrementar su flujo de ingresos por la deforestación, explicó. Añadió que el grupo exige un pago a los taladores que deseen operar en la zona.

“Una de las cosas que resultó muy alarmante al momento de realizar esta investigación fue el grado al que se le prohibía a las autoridades estatales ingresar a las zonas que están bajo el control" del EMC, dijo Dickinson. ”Esto incluye parques nacionales y zonas protegidas".

Alcanzar un acuerdo de paz con el EMC es una batalla complicada, comentó Ebus, destacando que el grupo ha violado en repetidas ocasiones algunos de los puntos establecidos durante las treguas y ha impedido que agencias del gobierno ingresen a los territorios que controlan.

“Si el gobierno de Petro en verdad quiere proteger a la Amazonía, primero debe recuperar el acceso a estas zonas, ya que los grupos armados son actualmente los que toman las decisiones”, declaró.

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Steven Grattan está en X como: @sjgrattan

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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe el apoyo financiero de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contendido.

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