SANTIAGO (AP) — Trabajadores apresurados corren para tomar el metro, otros saborean un café en una pausa laboral. Sería otro viernes corriente si no fuera por las decenas de policías alineados y los tanques que circulan por las calles de la Plaza Italia en la capital chilena.
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Hace cinco años esta céntrica plazuela ardía en llamas y marcaba el inicio del estallido social que puso contra las cuerdas el sistema político de Chile en los disturbios más violentos desde el regreso de la democracia en 1990.
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Pero media década después, poco o nada ha cambiado.
Fue el 18 de octubre de 2019 cuando lo que comenzó como una protesta estudiantil contra la tarifa del transporte público pronto se convirtió en masivas manifestaciones. Duramente reprimidas por las fuerzas policiales, se saldaron con más de 30 muertos y miles de heridos. Los manifestantes marchaban, entre otras cosas, contra las bajas pensiones, el elevado costo de vida y, ante todo, pedían la redacción de una nueva Constitución que reemplazara a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Pasados cinco años Chile se mantiene como uno de los países más caros de América Latina y las dos propuestas para reemplazar la Carta Magna fracasaron en plebiscitos populares. Con una pandemia en el medio y una severa crisis de seguridad, los chilenos ahora le quitan peso a las manifestaciones y la mitad de los casi 19 millones de habitantes creen que el estallido fue malo para el país.
A lo largo del viernes diversos actos recordaron “la marcha más grande de Chile”. Las pocas decenas de asistentes contrastaban con los dos millones que marcharon en octubre de 2019. Durante una pequeña manifestación en la Plaza de los Héroes, en los alrededores del Palacio de La Moneda, un grupo de unos 50 estudiantes chocó con los agentes de seguridad al arrojar piedras contra los vehículos blindados, por lo que los uniformados respondieron con cañones de agua para disiparlos.
En otras zonas de la ciudad, las marchas aisladas bajo la consigna “Todo sigue igual” exponían el sentimiento de frustración que un día fue de esperanza. “Después de cinco años nada ha cambiado”, afirmó a The Associated Press el fotógrafo Cristian Salazar.
Durante meses registró los violentos choques entre manifestantes y policías. Él mismo fue alcanzado por dos impactos de bala de goma mientras cubría los eventos. Así como otras miles de denuncias, su caso permanece sin resolución en los tribunales. "Es triste porque hay compañeros que perdieron la vida, otros perdieron la visión y hasta hoy no tienen justicia", se lamentó Salazar.
En el quinto aniversario Amnistía Internacional condenó la falta de celeridad de la justicia —donde tramitan un total de 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas durante el periodo— y denunció que “las víctimas han estado abandonadas durante todos estos años".
Hasta ahora sólo 252 denuncias fueron formalizadas por la Fiscalía, entre las cuales destaca el caso de tres entonces altos mandos de Carabineros, incluido el exdirector de la institución Ricardo Yáñez, por su supuesta omisión frente al desproporcional uso de la fuerza de los agentes.
Pero si para los que ocuparon las calles el sentimiento es de desilusión, para muchos otros el estallido social ahora se traduce en apatía.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Públicos, una fundación privada sin fines de lucro de carácter académico, en diciembre de 2019 un 55% de los chilenos decía haber apoyado las manifestaciones, cifra que hoy es de apenas 23%. Asimismo, la mitad de los entrevistados (50%) considera que el estallido fue “malo o muy malo”, mientras que un 30% lo ve como “regular”. Sólo el 19% afirma que tuvo un resultado “bueno o muy bueno”.
Según la socióloga Emmanuelle Barozet, investigadora principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, parte de esos sentimientos obedecen a los recientes pero profundos cambios experimentados en el país, entre ellos la crisis inflacionaria a raíz de la pandemia, una economía asfixiada y la violencia sin precedentes que “ha transformado radicalmente la agenda pública”.
“Para quienes impulsaron ese cambio obviamente que fue una gran decepción y una derrota, pero también hay que considerar que hubo un cambio de escenario muy brutal”, afirmó.
Así, las principales demandas de 2019 —reforma constitucional y tributaria, acceso a la salud y mejora de las pensiones— pasaron a ocupar un segundo plano en el debate público.
Ahora la mayor preocupación es la inseguridad, apuntada como la prioridad número 1 por el 70% de los entrevistados en una encuesta de la firma Cadem.
“Entre el estallido y la inseguridad después de la pandemia tuvimos que readaptar nuestros hábitos, cerramos pronto, la gente tiene miedo”, contó una camarera de un icónico bar abierto en 1964.
“La vida ya no es la misma a la de hace cinco años”, completó Alfredo Reyes, un cliente habitual del local situado en el corazón de la Plaza Italia, el “punto cero” de la revuelta popular.
