LA PAZ, Bolivia (AP) — La justicia boliviana dio inicio el jueves a un juicio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos opositores que lideraron las protestas durante la crisis de 2019 que obligó a renunciar al entonces mandatario Evo Morales.
Áñez, el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el dirigente opositor Marco Antonio Pumari se sentaron frente al juez tras un fuerte operativo policial de traslado desde las cárceles en las que se encuentran recluidos para enfrentar el proceso por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
La defensa de Áñez interpuso un recurso para que el juicio no sea por la vía ordinaria y se realice un proceso de responsabilidades ya que los presuntos delitos cometidos por la exmandataria se produjeron mientras estaba en funciones, informó el abogado defensor Mario Guillen a The Associated Press.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 y enfrenta nueve procesos. Entre los más polémicos está el juicio por las 19 muertes ocurridas durante una violenta represión a manifestantes y tiene una sentencia de 10 años de prisión por un caso similar. “Todos deberían ir a un juicio de responsabilidades”, explicó Guillen.
Camacho, por su lado, asistió como gobernador e incluso lució la banda que suele usar en actos protocolares pese a que a inicios de año perdió la titularidad del cargo y asumió su vicegobernador, Mario Aguilera.
Camacho y Pumari lideraron las protestas de 2019 que forzaron la renuncia de Morales tras unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que el exmandatario se adjudicó la victoria para un cuarto mandato consecutivo. Las protestas que siguieron a los cuestionados comicios dejaron 37 muertos y tras su dimisión Morales se asiló primero en México y luego en Argentina.
“Fue fraude”, dijo la exmandataria al salir de la cárcel mientras mostraba sus manos esposadas.
Áñez y Camacho se han declarado presos políticos del actual gobierno de Luis Arce.
La fiscalía y la parte acusatoria piden 20 años de cárcel para ambos.
El juicio se instaló en medio de la crisis en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) dividido entre los partidarios de Arce y los de Morales y los fuertes cuestionamientos al Poder Judicial boliviano que ha puesto en duda las elecciones previstas para diciembre para renovar a los altos magistrados.
La justicia boliviana ha sido cuestionada por los organismos internacionales por su falta de independencia.