BOGOTÁ (AP) — Oponerse a las economías extractivas, la deforestación, la ganadería extensiva o la explotación de recursos hídricos en Colombia le ha costado la vida a 248 defensores del medio ambiente entre 2016 y septiembre de 2024, según reveló el jueves la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Los presuntos perpetradores habrían sido en el 66% de los casos los grupos armados ilegales, mientras que en un 8% se habría tratado de una persona particular, en un 4% un grupo de interés económico y político y en un 3% la fuerza pública, de acuerdo con la ONU Derechos Humanos.
El reporte señala que la fiscalía ha obtenido sentencias condenatorias en 30 de los asesinatos de defensores del medio ambiente, 31 están en juicio, 20 en investigación, 34 tienen orden de captura y nueve se han cerrado. Sin embargo, cerca de un centenar están en la fase de indagación, la etapa más inicial.
“Nos preocupa particularmente que dentro de esos 248 casos, una mayoría sean personas de los pueblos indígenas, 139 de ellos... y también personas afrodescendientes”, dijo a The Associated Press Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien indicó que la cifra de asesinatos es la “más alta globalmente”.
En el caso de Phanor Guazaquillo Peña, autoridad en su comunidad indígena Nasa Kwe’sx Kiwe, fue atacado con armas de fuego en diciembre de 2023 cuando asistía al funeral de otro líder comunitario en Putumayo, al sur del país. El defensor ambiental había denunciado la contaminación en fuentes hídricas producto de la explotación de hidrocarburos.
Guazaquillo habría sido asesinado por un grupo armado denominado Comandos de la Frontera, una disidencia que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su asesinato fue enviado a prisión en agosto de este año uno de sus presuntos integrantes señalado de vigilar al líder indígena, tomarle fotografías y enviar la información a los dos sicarios que le dispararon en el cementerio, según la fiscalía.
El acuerdo de paz de 2016 no significó el fin de la violencia en Colombia. Otros grupos armados, incluyendo disidencias de esa guerrilla, ocuparon los territorios que antes dominaban las FARC e iniciaron una cruenta disputa por su control.
De hecho, la ONU Derechos Humanos observó un incremento en los homicidios de defensoras del medio ambiente desde 2016, año en el que verificaron 14, mientras que en el 2023 la cifra alcanzó el mayor número de homicidios con 44 casos. En lo que va de 2024 han sido asesinados 14 defensores más.
La ONU Derechos Humanos advirtió que existe un riesgo de impunidad en los casos de violencia contra los defensores ambientales y la falta de implementación de las sentencias judiciales que ordenan proteger el medioambiente, como la que reconoce al río Atrato, en el noroeste de Colombia, como sujeto de derechos y otras que tienen que ver con la explotación del territorio para el carbón. “Esas sentencias han tenido baja implementación y eso contribuye a esa sensación de una falta de Estado de derecho y a la impunidad general”, explicó De Rivero.
Los homicidios suelen estar precedidos por una serie de amenazas, señaló el reporte, que pueden incluir seguimientos, llamadas intimidantes, panfletos y mensajes en redes sociales, y en algunos casos las amenazas apuntan a los hijos y familiares de las mujeres defensoras.
Los defensores del medio ambiente suelen resultar incómodos, especialmente a los grupos al margen de la ley, que los perciben como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades en las que operan y de las rentas ilícitas de las que se lucran.
“Nosotros creemos realmente que el problema es la ausencia de una presencia eficaz del Estado para proteger los derechos humanos y para proteger a la población... frente a esta violencia y esta toma del territorio por parte de los actores armados y toma de los recursos que pertenecen a estos pueblos”, manifestó De Rivero.
La oficina de la ONU recibió información de que en algunos lugares los ilegales estarían definiendo las zonas de conservación o dando “permisos” para deforestar, así como extorsionando para obtener recursos de proyectos de servicios ambientales financiados por el Estado.